Por Luis Alonso
Los organismos a cargo del control, fiscalización y resguardo de las distintas actividades que se desarrollan en Chile, junto con actores de la academia y del comercio, coincidieron en que el trabajo integrado -junto con la colaboración y la coordinación- son la forma de impedir la penetración del crimen organizado en los puertos chilenos, según se dio cuenta en Trans-Port 2024.
Al respecto, Alfredo Silva, comisario de la Brigada Antinarcóticos y Crimen Organizado (Brianco) de la Policía de Investigaciones (PDI), señaló que “el principal desafío es la colaboración, tanto entre las empresas del Estado como, particularmente, con la empresa privada. Las experiencias que hemos tenido con investigaciones de narcotráfico marítimo y de comercio ilícito vinculado al transporte marítimo, en todas ellas la cooperación tanto de Fiscalía, Aduanas, Armada y, por su puesto, la empresa privada, han sido esenciales para culminar con éxito nuestras investigaciones. Si nosotros no somos capaces de coordinarnos y tenemos a un crimen que está organizado, difícilmente vamos a poder combatir este flagelo”.
“Ya tenemos puertos próximos a Chile, como el de Guayaquil (Ecuador) y Buenaventura (Colombia), que lamentablemente se ven muy afectados por el crimen organizado, introduciéndose tanto en la empresa pública como en la privada, y ese es el desafío que tenemos. Tenemos que ser capaces de coordinarnos nosotros, ya que si no lo hacemos estamos propensos a que el crimen organizado se implante en Chile y se vuelva algo común en el día a día”, expandió.
En tanto, Freddy González, abogado asesor de la Fiscalía Regional de Valparaíso, indicó que “los puertos tienen un amplio margen de operación para los criminales, especialmente para los que se dedican al tráfico de drogas, pero también para el contrabando, lo que en nuestro país se puntualiza mucho en el contrabando de cigarrillos, la exportación de cables robados y los robos de cargas desde los recintos aduaneros-portuarios, almacenes extraportuarios”.
“Es un desafío no solamente para las instituciones chilenas involucradas directamente en esto, sino que también la cooperación desde el interior de las empresas. Hay posibilidad de entregar información con perfecta seguridad para las personas. Las empresas no son fiscalizadores, pero tienen posibilidades de reportar operaciones sospechosas. Nosotros no les estamos pidiendo que vayan a identificar en los juicios, les estamos pidiendo que a través de un canal -que podemos definir con la Policía Marítima, con la PDI, con el OS7 de Carabineros- podamos recibir esas informaciones que nos permitan iniciar investigaciones criminales”, aportó.
Juan Pablo Arancibia Andaur, Capitán de la Fragata LT y jefe del departamento de Policía Marítima de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), apuntó que la Autoridad Marítima en su actividad policial cumple “con las actividades preventivas permanentes que ocurren a nivel de Capitanías de Puerto, pero también cobra tremenda relevancia en su rol de auxiliar del Ministerio Público en aspectos relacionados con investigaciones penales. Es necesario incorporar nuevas capacidades por parte de la Policía Marítima en el área investigativa y así colaborar al combate del crimen organizado. Todos coincidimos permanentemente que la colaboración es una forma de fortalecer el combate contra el crimen organizado”.
Desde la perspectiva del sector privado, Teresa Matamata, gerente Corporativa Excelencia Operacional de Ultramar, enfatizó que “claramente hay un desafío de colaboración. Nosotros no tenemos el rol de fiscalización, no podemos hacerlo, no está en nuestro rol, pero sí podemos facilitar y colaborar. En eso todas nuestras operaciones, sobre todo las que son portuarias -que tienen un contacto permanente con la posibilidad de algún ilícito- tienen un plan estratégico de relacionamiento con cada una de las autoridades y eso significa conocernos, entenderlos, generar un sistema de trabajo y la importancia de fortalecerlo”.
Por su parte, Braulio Cubillos, director regional de la Aduana de Valparaíso, comentó que “los desafíos yo creo que van en dos términos, que son la integración y el liderazgo. Con la colaboración y coordinación yo creo que nos quedamos cortos. En esta conversación que tenemos hoy en día sobre crimen organizado, hay que señalar un sentido de urgencia que nos demanda un proceso de trabajo mucho más intenso”.
“Se habla mucho de integración y de otros términos que son similares, pero aquí debe de haber efectivamente una convicción de que el trabajo que se tiene que hacer es más grande que cada una de nuestras instituciones. Tenemos que tener un sentido de cuerpo y yo creo que ese es el gran desafío que tenemos hoy en día, lograr esa integración que no tenga barreras como las que tenemos hoy y administrativas, sino que vaya fluyendo naturalmente”, agregó.
En la misma línea, Juan Eduardo Figueroa, asesor de Logística de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Viña del Mar (UVM), sostuvo que “es fundamental el liderazgo, la colaboración y la integración, pero también es clave que las personas comprendan a cabalidad la visión integral que debe de tener todo proceso y toda actividad, particularmente, con las complejidades que tiene el sector marítimo, portuario y logístico”.
“Yo creo que en nuestra formación es muy importante el asegurar que las personas tengan conciencia y compromiso de la importancia de su trabajo, de su actividad y las vulnerabilidades que todo el sistema portuario tiene. De esa perspectiva se puede apalancar la colaboración, liderazgo e integración de todos los procesos y, así, no le damos espacio a -por así decir- los malos”, acotó.
En conversación con PortalPortuario, el director regional de la Aduana de Valparaíso remarcó que “hay una voluntad natural y muy comprometida de poder trabajar de manera conjunta. Yo siempre insisto que las coordinaciones y las colaboraciones son insuficientes, que tenemos que trabajar en el concepto de integración y, en ese sentido, pienso que en este momento estamos precisamente avanzando en esa línea”.
“Por ejemplo, analistas de distintas instituciones se reúnen para poder resolver sobre temas de crimen organizado, lo que nos está dando frutos, pero son cosas que no son inmediatas, ya que requieren de un proceso de maduración y de trabajo que va creciendo con el tiempo. Espero que en el breve plazo se vaya notando de manera más elocuente y podamos tener resultados concretos”, complementó.
En este sentido, Cubillos enfatizó que “en la Región de Valparaíso existe una mesa contra el crimen organizada, en donde las instituciones se coordinan en conjunto para tratar estos temas, pero yo diría que estamos avanzando en la integración de los equipos de trabajo para que las operaciones sean mucho más efectivas”.
Crimen organizado
El abogado asesor de la Fiscalía Regional de Valparaíso dio cuenta que “los criminales tienen niveles de planificación y nos cuesta mucho ingresar a sus estructuras. Lo hacemos mediante interceptación telefónica, electrónica o instrumentos de tecnología de nivel avanzada; la policía también nos ayuda con agentes encubiertos y reveladores, pero esas son las herramientas que tenemos para enfrentar estructuras criminales que antes no se veían”.
“Antes los niveles de las organizaciones criminales eran bastante simples, pero ahora se trafican drogas desde Colombia, Perú, Ecuador o cualquier otro país para que ingresen a Chile y se laven sus orígenes y desde Chile partan a Europa con su origen lavado. Sin embargo, me costa personalmente la gran percepción de seguridad que se tiene sobre los puertos chilenos. Si uno consulta con diferentes policías o funcionarios de adunas de otras partes del mundo te señalan que Chile es un país de bajo riesgo”, distinguió.
Lo anterior iría en línea con lo sostenido por Alfredo Silva, comisario de la Brianco, quien enfatizó que las investigaciones desarrolladas por la PDI y la Armada tras el informe emanado por la ONU -que puntualizó al Puerto de San Antonio como sitio de tránsito de droga– darían cuenta que “la mayoría de estos casos serían contaminación en ruta, principalmente en puertos de Panamá, ya sea por transbordo o por técnica de drop on, lo que es la contaminación de buques a través de los tripulantes”.
Ante este panorama, se generó un consenso en la necesidad de contar con la tecnología necesaria para abordar todos estos desafíos, junto con la importancia de tener funcionarios debidamente entrenados, preparados y especializados para hacer frente al crimen organizado que afecta al sector marítimo-portuario. Una capacitación que también se destacó como oportuna de impulsar en el ámbito privado para evitar que el rubro sea víctima del accionar de los delincuentes.