El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, generó un nuevo choque criticando en un posteo en la red social X a una autoridad portuaria que no existe, pues el sistema portuario colombiana no tiene esa figura incorporada y, en cambio, es regida por entidades privadas.
De acuerdo con el medio Valora Analitik, la Anla justificó que “esta medida se adoptó debido a que los manejos ambientales actuales desconocen presuntamente las medidas de manejo ambiental que deberían implementarse frente a los impactos ambientales actuales y a la necesidad de tener claridad frente a las circunstancias reales y materiales del proyecto”.
En consecuencia, Grupo Portuario S.A. -empresa a cargo del muelle 13-, salió a responder que la compañía “rechaza la resolución emitida por tratarse de un acto desproporcionado, ya que exige un nuevo estudio ambiental, desconociendo la vigencia del Plan de Manejo Ambiental de 2002, que el concesionario ha implementado cabalmente (…) resulta arbitraria la interrupción inmediata de la operación, sin un aviso previo, considerando que se trata de un servicio público esencial, con grandes repercusiones sociales, económicas y laborales”.
Según la empresa, la suspensión impuesta por la Anla arriesga la operación portuaria con efectos negativos para la logística y pone en peligro las cadenas de suministro, junto con crear incertidumbre en el comercio internacional.
En medio del enfrentamiento, el Presidente Petro se pronunció respecto a la situación y señaló que “cómo es posible que la autoridad portuaria de Buenaventura -figura que no existe en Colombia- no haya observado lo que la ANLA observó, si centenares de palomas (estaban) ensuciando todos los días los granos importados en el llamado Muelle 13: trigo, garbanzo, lentejas y otros, para la alimentación de las y los colombianos. Las mujeres embarazadas y sus bebés quedan expuestas a la toxoplasmosis. Esta enfermedad puede provocar abortos, deformaciones o muertes de bebés o mujeres en embarazo”.
El conflicto del Muelle 13 en el Puerto de Buenaventura surgió luego de que, a finales de 2023, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) aprobara la renovación de la concesión a Grupo Portuario, pero cinco días después se echó para atrás con la decisión.
ANLA defiende la necesidad de garantizar los estándares ambientales adecuados, el Grupo Portuario subraya que la medida perjudica gravemente la actividad económica y social de la región. Por ahora, el futuro de las operaciones en el muelle 13 sigue siendo incierto, mientras las partes involucradas intentan resolver un conflicto.
La controversia en torno al puerto se remonta a años atrás. A finales de 2023, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) aprobó la renovación de la concesión al Grupo Portuario, pero cinco días después se echó para atrás con la decisión.
Tras una demanda ganada por la compañía, resolución de la ANI que impedía renovar la concesión fue rechazada. Después, el Consejo de Estado rechazó la demanda presentada por el Grupo Portuario S.A. contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que buscaba que se cumpliera el contrato de operación del Muelle 13 en Buenaventura.
El fallo subrayó que este tipo de controversias debe resolverse mediante otros mecanismos legales, como la nulidad y no por una acción constitucional.
