Por Redacción PortalPortuario
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La Procuraduría General de la Nación de Colombia realizó una visita administrativa en las instalaciones de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) para verificar las decisiones tomadas por la autoridad ambiental, en relación con la orden de suspensión de actividades del proyecto Operación del Muelle 13 de Buenaventura. En la revisión, detectó la ausencia de un expediente completo con todos los documentos que justifican la medida preventiva adoptada por la Anla.
En medio de la diligencia, el procurador delegado para asuntos ambientales, minero energéticos y agrarios, Gustavo Guerrero, y el procurador delegado para la vigilancia preventiva de la función pública, Marcio Melgosa, requirieron información sobre los motivos que llevaron a la Anla tomar esta medida preventiva bajo la Resolución 00004 del 2 de enero de 2025 y revisar la competencia de la entidad frente al proyecto, así como el cumplimiento de los requisitos ambientales por parte del concesionario Grupo Portuario S.A.
Culminada la jornada, el ente control manifestó su preocupación también la falta de certeza sobre la totalidad de documentos aportados por el Establecimiento Público Ambiental (EPA) Buenaventura, así como de los requerimientos realizados al Grupo Portuario S.A., respecto al cumplimiento de los instrumentos de manejo ambiental.
Además, el organismo informó que se solicitó toda la información pertinente e, incluso, ofreció documentación adicional que podría no estar incluida en el expediente de la Anla. Asimismo, anunció que realizará una visita técnica y administrativa tanto a el EPA Buenaventura como al puerto para verificar las condiciones actuales de operación del Muelle 13, así como su intervención en el procedimiento administrativo.
“Estamos valorando si hubo irregularidades en las actuaciones administrativas que llevaron a una decisión tan drástica como la suspensión de actividades del muelle. Nuestro interés es salvaguardar la continuidad del servicio público portuario mientras se garantiza el cumplimiento de la normativa ambiental”, afirmó el procurador delegado, Gustavo Guerrero.
El Ministerio Público aseguró que su compromiso está en la vigilancia preventiva para proteger el interés público y evitar posibles afectaciones en proyectos de alto impacto ambiental y económico, añadiendo que dicha función no implica interferir en las decisiones de las entidades públicas, pero sí garantizar que se sigan los procesos establecidos por la ley.
