Por Luis Alberto Zanela, T21
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) propuso a México transferir más funciones de regulación a las Administraciones Portuarias Integrales (API) para que obtengan una mayor autonomía financiera, tras considerar que las funciones de supervisión, concesiones y penalizaciones le pertenecen a la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.
La Revisión de la Regulación del Transporte de Carga en México, publicada por la OCDE recientemente, deja ver que a pesar de que México se trasladó con las reformas portuarias de 1993 a un modelo de titularidad, en la práctica la autonomía de las corporaciones portuarias está “bastante limitada”.
Como parte de estas reformas, se le permitió a los puertos una autonomía administrativa y financiera. Sus funciones principales son el manejo y administración de los terminales mexicanos. Sin embargo, las funciones de la autoridad portuaria siguen concentradas en la Coordinación de Puertos.
Bajo este escenario la OCDE señala que México debería considerar pasar a una siguiente etapa en que las funciones de la autoridad portuaria son públicas, pero están disociadas de las operaciones de la terminal, que se encuentran a cargo de concesiones privadas, así las funciones regulatorias podrían ser transferidas a las API.
Como parte de la delegación de funciones que propone la Organización, se recomienda que las API deberían obtener una mayor autonomía financiera, lo que podría incluir conservar parte de las ganancias que generen y la posibilidad de establecer asociaciones con instituciones financieras.
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