Redacción PortalPortuario.cl / Agencias
El Ministerio de Fomento de España afina los detalles de su propuesta para reformar el actual sistema de la estiba, esto con el propósito de liberalizar al sector, en cumplimiento de la sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 11 de diciembre de 2014.
En el sistema actual, las empresas estibadoras no pueden contratar a quién quieran, sino que están obligadas a contratar a trabajadores puestos a su disposición por las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (sagep), en cuyo capital están, además, obligadas a participar.
Según datos del ministerio de Fomento, actualmente estas entidades tienen una plantilla de 6.156, con un sueldo promedio de unos 60.000 euros anuales, aunque en algunos puertos pueden llegar a cobrar hasta más de 110.000 euros, trabajando de forma efectiva un 75 % de su jornada laboral.
Para eliminar las restricciones a la libertad de establecimiento de las empresas, el nuevo modelo elimina la obligatoriedad de participar en el capital de compañías y establece la libre contratación de los trabajadores que cumplan con los requisitos de capacitación establecidos (titulación académica o certificados de profesionalidad con al menos 100 jornadas de experiencia), da a conocer EFE.
Se prevén distintas fórmulas de contratación: la directa por la empresa estibadora o la cesión temporal por los Centros Portuarios de Empleo y por las Empresas de Trabajo Temporal (ETT).
El proceso de cambio contará con un período transitorio de tres años, desde la entrada en vigor de la reforma, en el que las sagep subsistirán, salvo que se extingan, hasta su regulación como ETT.
Las empresas deberían mantener cotas de contratación de estibadores procedentes de las sagep del 75 % el primer año, del 50 % el segundo y del 25 % el tercero.
El decreto que prepara Fomento contempla que las autoridades portuarias asuman los pasivos laborales de los trabajadores de las sagep (los derechos asociados a su antigüedad desde el día en el que fueron contratados hasta el de la sentencia), en caso de que estos se produjeran, y cuyo coste máximo se situaría entre 300 y 350 millones de euros. Sería el máximo en el supuesto de que se tuviera que pagar los pasivos laborales al 100 % de los trabajadores, según explica la misma fuente a EFE.
La medida, cuyo objetivo es igualar la posición competitiva de todas las empresas, las nuevas y las viejas, tiene que ser valorada por la Dirección General de Competencia europea, al tratarse de ayudas de Estado.
El ministerio tiene la intención de aprobar con urgencia el decreto de reforma de la estiba, que ya cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea, para evitar las cuantiosas sanciones que conlleva el retraso en la aplicación de la sentencia provocado, en parte, por la interinidad del Gobierno durante 10 meses.
A día de hoy, la multa asciende a 21,5 millones de euros, pero podría seguir elevándose a razón de 27.522 euros diarios y, además, una inminente segunda sentencia condenatoria, que en el caso de que se dictara antes de la aprobación de la reforma, supondría una sanción adicional de 134.107 euros. No obstante, el tribunal podría decidir no ejecutar la sanción o su parte.
Fomento está convencido de que la reforma permitirá hacer aún más competitivos a los puertos españoles, al eliminar las actuales rigidez y darle mayor flexibilidad al sistema de estiba, además de reducir sus costo, que suponen entre el 55 % y el 65 % del total de la manipulación de mercancías, por encima de otros países como Alemania, donde oscilan entre un 37 % y un 40 %.
