Por Redacción PortalPortuario
La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) manifestó su rechazo a la implementación de un modelo de negociación ramal en el contexto productivo, lo que se da luego que el Gobierno ingresara con suma urgencia al Congreso un proyecto de Ley abordando aquella materia.
En línea con lo informado por el Ministerio del Trabajo y Provisión Social, la iniciativa busca permitir que trabajadores y empleadores de un mismo sector económico acuerden estándares mínimos sobre diversas materias relacionadas con condiciones laborales. Este instrumento apunta a ampliar la cobertura del derecho a negociar colectivamente a los empleados y entidades de un sector o subsector de actividad económica.
Al respecto, la CNDC expresó su “rechazo a la implementación de un modelo de negociación ramal en el contexto productivo. Existe un evidente riesgo de complejizar por completo el mercado laboral del país, dado que la heterogeneidad de las empresas dificultará objetivamente la definición de beneficios comunes para empresas de distintos tamaños”.
“Si dentro de un sector productivo se obliga a negociar conjuntamente a empresas de diferentes tamaños, se generarán distorsiones importantes, con efectos significativos en la competitividad entre ellas, de seguro perjudiciales para las Pymes, que forman el 90% del conjunto de las empresas, con mayor razón en el transporte terrestre”, agregó.
La gremial también sostuvo que “la negociación ramal tiene el evidente riesgo de que, al final del día, se establecerán acuerdos cupulares entre dirigencias sindicales y empresariales, alejados de las necesidades reales de trabajadores y propietarios de las compañías. Habrá, en la práctica, precios regulados que, en la mayoría de los casos, no representarán la realidad de los sectores productivos”.
“Sostenemos que es fundamental que los procesos de negociación colectiva reconozcan las características particulares de cada empresa, asegurando que las diferencias sean consideradas y respetadas en la búsqueda de acuerdos laborales. La negociación multinivel no lo hará posible”, añadió.
Asimismo, la agrupación precisó que “los propios datos de las Encuestas Laborales del Ministerio del Trabajo muestran una amplia heterogeneidad en la productividad laboral y los salarios según el tamaño de las empresas. Ello da cuenta de que existe una correlación positiva entre la productividad, los salarios y el tamaño empresarial”.
“En consecuencia, esta Confederación solicita a los señores parlamentarios que deban pronunciarse sobre este proyecto de ley, que lo rechacen por los motivos expuestos. Ello, con el fin de prevenir futuros problemas laborales que alterarán en forma negativa el mercado laboral chileno”, complementó.
El proyecto de Ley, que iniciará su debate legislativo en la Cámara de Diputados, cuenta con urgencia suma de tramitación, lo que permitirá que la Comisión de Trabajo pueda sesionar en horas especiales permitiendo desarrollar el debate en paralelo al tratamiento de otras iniciativas que revisa la Cámara.
Propuesta
El ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, destacó que “con este proyecto de Ley damos un paso para saldar una deuda con el mundo del trabajo y fortalecer el diálogo social en Chile. La negociación colectiva multinivel reconoce que los sectores productivos saben mejor de sus propios desafíos y les entrega mayor autonomía para acordar mejores salarios, condiciones laborales y productividad”.
“Esta es una herramienta fundamental para enfrentar los cambios tecnológicos, demográficos y productivos que vive el país. Mientras haya más diálogo social, también existirá más democracia y mejor desarrollo para Chile”, acotó.
La propuesta, anunciada en el Mensaje Presidencial, plantea un diseño institucional con tres niveles de negociación complementarios, cuyo objetivo es fortalecer el diálogo social, mejorar las condiciones laborales y, al mismo tiempo, incentivar la productividad y la innovación en el país.

El primer nivel corresponde al sectorial, donde se establecerán regulaciones generales y estándares mínimos aplicables a un sector o subsector económico, con efecto erga omnes. El segundo, denominado de acuerdos marco, permitirá coordinar obligaciones recíprocas entre compañías principales y contratistas en ámbitos como salud, seguridad y condiciones laborales comunes. El tercero se mantendrá en el espacio de cada empresa, donde se fijarán condiciones específicas adaptadas a su realidad particular.
Para dar operatividad al modelo, se contempla la creación de Consejos Sectoriales Laborales y Comisiones Subsectoriales, concebidos como espacios paritarios de diálogo. Estos estarán integrados por representantes de las confederaciones sindicales y gremiales empresariales más representativas, bajo un criterio proporcional sustentado en datos objetivos de afiliación y contratación.
El proyecto también vincula la participación empresarial en estos espacios con el acceso a beneficios estatales, reforzando el rol del Estado en promover el derecho a negociar colectivamente. Asimismo, introduce una modificación en la Ley 20.241 sobre Incentivo Tributario a la Inversión en Investigación y Desarrollo, elevando el tope máximo del crédito tributario de 15.000 a 45.000 UTM para las compañías que participen en acuerdos colectivos vigentes.
Según el Mensaje Presidencial, la reforma busca que la negociación multinivel no solo regule condiciones laborales, sino que se convierta en un incentivo directo para que las empresas inviertan en innovación y tecnología, fortaleciendo su competitividad sistémica.
Entre las materias de negociación que podrán abordar los Consejos y Comisiones se incluyen condiciones de trabajo, seguridad y salud, equidad de género y distribución de jornada, con el propósito de vincular mejoras laborales con productividad.












































