Por Redacción PortalPortuario

APM Terminals confirmó su disposición a asumir de manera temporal la operación de las terminales de Balboa y Cristóbal, tras el anuncio del presidente panameño José Raúl Mulino sobre un plan de transición derivado del fallo de la Corte Suprema que anuló los contratos portuarios con Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison.
Bajo este contexto, la empresa comunicó que “APM Terminals manifiesta que el ingreso para operar las terminales se hará cumpliendo todas las formalidades y el procedimiento establecido en la ley. Este solo podrá producirse luego que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá sea ejecutoriada, un plazo que no depende de la empresa”.
“La compañía no es parte de los procesos legales en curso ni participa en decisiones sobre la estructura y administración futura -a corto o largo plazo- de los puertos de Balboa y Cristóbal. Cualquier acción que tome APM Terminals estará guiada por criterios técnicos, la integridad de la cadena de suministro y el interés público”, agregó.
La empresa, ligada a AP Moller-Maersk, precisó que es un operador portuario independiente que presta servicios a las principales navieras del mundo y está comprometida “con operar y desarrollar terminales resilientes para las naciones y comunidades donde está presente. Todas sus acciones se rigen exclusivamente por normas de gobernanza interna, normas legales aplicables y objetivos de sostenibilidad operativa a largo plazo, con un claro enfoque en la resiliencia, la eficiencia y la gestión responsable”.
“APM Terminals aplica modelos operativos estandarizados y sistemas de gestión probados en toda su red, lo que garantiza operaciones fiables, productivas y seguras. La empresa opera 60 terminales en 34 países, incluidas varias de las instalaciones con mejor desempeño en el mundo, y presta servicios de manera no discriminatoria a todas las navieras y a todos sus clientes”, añadió.
Cabe mencionar que el plan de contingencia planteado por el presidente panameño solo será activado si el fallo resulta ejecutoriado. Una vez vigente, el mismo se extenderá hasta que se produzca una nueva concesión luego de un proceso catalogado como abierto y participativo.












































