Por Redacción PortalPortuario.cl
Mediante la resolución 105, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena), declaró la Urgencia Manifiesta para proceder a una contratación expedita de una firma de dragado que dé solución a la situación de calamidad pública decretada por el Distrito de Barranquilla en la zona del canal de acceso al Puerto de Barranquilla.
“Acudimos a la declaratoria de urgencia manifiesta, con el fin de restablecer los niveles operativos de navegación en el Río Magdalena con fundamento en el decreto de calamidad pública, en los informes de la ANDI que dan cuenta de que se ha perdido competitividad económica; además, en los criterios esbozados por la Secretaría de Desarrollo Económico de Barranquilla y en virtud de las recomendaciones del Comité de seguridad náutica, y de los conceptos técnicos del equipo supervisor de la Corporación”, señaló Gabriel Del Toro, jefe de la oficina asesora jurídica (e ) de Cormagdalena.
Para dicha contratación de emergencia “habrá dos criterios de evaluación que serán el precio y el tiempo de movilización.No podemos adjudicar a dedo, hay que garantizar el mejor precio para la Corporación y la mejor propuesta para el país, por esa razón se va a hacer no solamente para el contrato del dragado sino para la interventoría, esta invitación corta pero cumpliendo el procedimiento de ley”, explicó Dina Sierra, subdirectora de gestión comercial (e) de Cormagdalena.
Las propuestas de las empresas que participen en este proceso deberán presentarse antes del día jueves 20 de abril y con base en los criterios establecidos para la selección, ese mismo día serán evaluadas. El día viernes 21, se llevará a cabo el mismo proceso de evaluación para escoger la interventoría de este contrato.
El plazo de ejecución de esta contratación será de 60 días y empalma con la licitación que abrirá el INVIAS en el marco de un convenio con Cormagdalena para dragar el canal de acceso.
La Urgencia Manifiesta es un mecanismo extraordinario que prevé la Ley 80 de 1993 que permite afrontar circunstancias o eventos imprevistos, apremiantes, de calamidad pública y/o desastre que afecten de manera inminente la prestación de un servicio público, circunstancias que por su propia naturaleza hacen imposible acudir al trámite de escogencia reglada del contratista; o cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas.
