Pese a la buena disposición del gobierno de Mariano Rajoy, el máximo tribunal del bloque consideró grave la infracción, al no liberalizar en los plazos previstos el sistema de contratación de estibadores en los puertos.

‘Por haber tardado en liberalizar el sector de los servicios portuarios de manipulación de mercancías, España es condenada a pagar una cantidad a tanto alzado de tres millones de euros’, indicó el TJUE en un comunicado.

Según medios periodísticos, la resolución judicial supone una rebaja de más de 21 millones de euros sobre la sanción propuesta inicialmente por la Comisión Europea (CE), órgano ejecutivo de la Unión.

Los magistrados de la corte de Luxemburgo argumentan la multa inferior porque ‘deben tenerse en cuenta todas las circunstancias del incumplimiento que se le imputa y, en particular, la duración y la gravedad de la infracción’.

En su fallo, valoraron que la nación ibérica demostró buena fe, en particular cooperando estrechamente con la CE durante el procedimiento administrativo previo.

No obstante, el tribunal recordó que transcurrieron 29 meses entre aquella primera sentencia y el decreto ley para reformar el sector de la estiba, aprobado por el Congreso de los Diputados el pasado 18 de mayo.

Por tanto, ‘está justificado imponer al Reino de España el pago de una cantidad a tanto alzado’, subrayó el dictamen.

Durante todo el período de tramitación parlamentaria de la reforma, y también después de aprobado el polémico real decreto, el sector vivió varias semanas de huelgas y protestas.

Las organizaciones sindicales denunciaron que el principal objetivo de la nueva normativa es poder despedir de forma masiva y con fondos públicos a los estibadores, con el fin de colocar a otros en peores condiciones laborales y en beneficio de las empresas.

A finales de junio, sindicatos y patronal alcanzaron un acuerdo que garantiza el empleo a los más de seis mil estibadores.