El dictamen de la Contraloría que determinó que la directora de la Empresa Puerto de Iquique, Romy Schmidt, no podía ejercer el cargo de Intendenta de Beneficios Sociales en paralelo con su función en EPI, tendrá un nuevo capítulo tras el oficio enviado al organismo contralor por el diputado UDI, Renzo Trisotti.
En el escrito, el parlamentario solicitó un pronunciamiento de la Contraloría con respecto a las posibles sanciones administrativas que recaerían sobre la ex Ministra de Bienes Nacionales; y si eventualmente deberá devolver los sueldos que percibió cumpliendo las dos funciones.
El oficio, al que tuvo acceso PortaPortuario.cl, detalla que “en relación a la situación jurídica de doña Romy Shmidt, relativa a la incompatibilidad para el ejercicio de funciones en el Directorio de la Empresa Portuaria de Iquique, y que según un dictamen emitido por su entidad transgrediera lo previsto en el artículo 66 de la ley 19.882, el que establece, en lo pertinente que “los cargos de altos directivos públicos deberán desempeñarse con dedicación exclusiva”, en circunstancias que además la funcionaria había sido nombrada como Intendenta de Beneficios Sociales, dependiente de la Superintendencia de Seguridad Social”.
Por lo anterior, el diputado Trisotti pide que “su entidad me remita las sanciones de orden administrativo resultantes de los referidos hechos y si amerita de conformidad a las normativas legales y reglamentarias vigentes una devolución de los montos percibidos por esta doble gestión incompatible”.
El diputado Trisotti dijo que “la idea es que la Contraloría diga si efectivamente acá se cometieron faltas administrativas, y si había conocimiento de que no se podía cumplir las dos funciones en paralelo. No me parece pertinente para nuestra región que personas tomen los cargos en el puerto como un ‘pituto’, y que vengan con suerte a las sesiones de directorio”.
