El abogado constitucionalista panameño Miguel Antonio Bernal advirtió que para su país es un riesgo privatizar el futuro Puerto de Corozal, proyecto que impulsa la Autoridad del Canal de Panamá y que ya cuenta con empresas precalificadas para hacerse con su concesión. 

En abril de 2016, las empresas APM Terminals y Terminal Investment Limited de Holanda; Terminal Link, de Francia y PSA International, de Singapur, fueron precalificadas para la concesión del diseño, construcción, desarrollo y operación de un puerto de trasbordo de contenedores en Corozal, lo que para el profesional es “un hecho inédito y de gran riesgo para las operaciones de los puertos y del propio Canal de Panamá (…) que se esté poniendo en manos de usuarios” la construcción del nuevo puerto del Canal.

Bernal dijo al medio La Estrella de Panamá que no se puede poner en manos de otro Estado un bien como el Puerto de Corozal porque el país estaría comprometiendo su sobranía.

El abogado hace referencia a las empresas que precalificaron para construir el puerto y están siendo respaldadas por sus países. A su juicio, ese tipo de bienes deben ser administrados por el gobierno panameño o por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). “No nos convienen ceder bienes públicos en manos privadas”, enfatizó.

Como agravante, el abogado señaló que se están haciendo todos los trámites cuando ni siquiera la Asamblea Nacional de Diputados ha aprobado el proyecto de ley que otorgue al nuevo operador portuario los beneficios fiscales que tienen otras terminales.

A finales de marzo de 2015, la Asamblea Nacional rechazó en primer debate la propuesta que había presentado la ACP para la construcción del puerto de Corozal.

El rechazo del primer proyecto no fue impedimento para que la autoridad mantuviera conversaciones con empresas navieras interesadas en la concesión del puerto de Corozal. Según el portal Todologistica News , la ACP y APM Terminals (del Grupo Maersk) han conversado sobre la construcción del puerto.

“Luego de una reunión con la ACP, se espera la oficialización de la licitación internacional, ya que se habría preaprobado la oferta de APM Terminals, la cual incluye una inversión de $625 millones y permitiría al grupo holandés operar en Corozal por 20 años”, indica la página, en una información que recogió La Estrella de Panamá, en su edición del 7 de agosto de 2015.

Posteriomente, mediante resolución aprobada el 24 de noviembre de 2015, la Junta Directiva de la ACP autorizó a la adminsitración para que iniciara los procesos de precalificación y licitación que culminarán en el otorgamiento de la concesión de Corozal. Y en abril de 2016 se conoció la precalificación de las empresas que podrían construir el megaproyecto.

“Todo lo anterior se sigue dando. en ausencia de una información seria, apropiada y detallada de cara a toda la ciudadanía sobre le proyecto en mención, a pesar de las solicitudes formuladas con anterioridad para tal propósito, como si el Canal fuese propiedad exclusiva de quienes conforman la junta directiva y de quien la administra”, reclamó el profesional. 

La construcción del Puerto Corozal ha sido objetado previamente. La Unión de Prácticos del Canal de Panamá considera que un puerto en Corozal no haría más que afectar el tránsito de la vía interoceánica.

El gremio marino señaló en su momento que la nueva terminal portuaria carece de rada de giro propia , y tendría que utilizar la que está frente a las esclusas del Canal, para maniobrar.

“Cuando los buques salgan de ese puerto, van a tener que ir hacia atrás, en reversa, hacia la rada de giro que está justo enfrente del nuevo juego esclusas para poder hacer el cambio de dirección y salir. Alguien tendrá que esperar”, aseguró a La Estrella de Panamá el capitán Rainiero Salas, secretario general del gremio.

Ventajas

“El futuro puerto de Corozal tiene unas ventajas que están ahí: conectividad férrea, terrestre y, también, están en cauce antes de entrar en el área operativa del Canal. Es un lugar ideal para desarrollar una actividad portuaria”, declaró sobre el proyecto Óscar Bazán, vicepresidente ejecutivo de Planificación y Desarrollo Comercial de la ACP.

Bernal insistió en que se requiere dar a conocer a la población todos los argumentos en contra y a favor “de lo que motiva el querer recurrir a las próximas sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, para que se apruebe una concesión que traería numerosos riesgos para la operción del Canal de Panamá y su ampliación, como ha sido reiteradamente señalado por diversas asociaciones”, dice una nota escrita por Bernal a la ACP.

El abogado, según la nota de La Estrella de Panamá, también ha cuestionado otras concesiones como la otorgada a PSA (Port of Singapure Authority), asegurando que si el dueño de ese puerto es Singapur se violaría a la legislación local al ceder un espacio de terreno a otro país, toda vez que la constitución panameña expresa que “el territorio nacional no podrá jamas ser cedido, traspasado o enajenado ni temporal ni parcialmente, a otros Estados”.

Asimismo, Bernal pregunta si con el proceder de los directivos y del administrador no se estaría violando el artículo 258 que cita: “pertenecen al Estado y son de uso público y, por consiguiente, no pueden ser objeto de apropiación privada, el mar territorial, las aguas lacustres fluviales, las playas y riberas de las mismas y los ríos navegables y los puertos y esteros…”.

En 1,997 el gobierno otorgó en concesión por 25 años a Panamá Ports Company la operación un puerto en el Pacífico. La empresa debía rendir réditos anuales del 10% de sus ingresos brutos, pero su política financiera estuvo enmarcada en reinvertir las ganancias en expansión. Sólo ha entregado $1 millón en dividendos.