El administrador de la vía acuática, Jorge Luis Quijano, advirtió que Grupo Unidos por el Canal (GUPC), consorcio a cargo del diseño y construcción de las esclusas, tendrá que sustentar cada dólar de sus aspiraciones de los reclamos presentados y que ellos “defenderán cada real”.
Sus declaraciones fueron dadas al diario La Estrella de Panamá, luego de que Manuel Manrique, presidente de Sacyr, empresa que lidera el consorcio GUPC, calculará los costos de la ampliación en US$5.000 millones, cantidad que dependerá de las reclamaciones que se presenten y del éxito de las mismas.
En la actualidad el consorcio ha presentado reclamaciones por $3.600 millones, cantidad que sigue elevándose, según el ejecutivo hispano.
“Me llama la atención que ya se quitó una parte importante de lo que reclama. Si el proyecto está costando con los reclamos pagados y los ajustes por escalamiento unos US$3.500 millones y ellos están pidiendo $3.500 millones eso suma a US$7.000 millones. Sin embargo Manrique dice que espera US$5.000 millones, entonces la diferencia ¿que es?”, enfatizó Quijano.
Quijano recalcó que no está de acuerdo con ninguno de los dos números dados por la española Sacyr, que lidera el consorcio que también está compuesto por Impregilo, Jan de Nul y CUSA.
El contrato entre la autoridad del Canal de Panamá (ACP) y GUPC se firmó el 8 de junio de 2009 por $3.118 millones, cifra que no incluye los años de mantenimiento y las cifras provisionales como los cargos por escalamiento.
Igualmente el documento establece tres instancias para la resolución de reclamos: la primera es la ACP; la segunda es la junta de resolución de conflictos o DAB (Dispute Adjudication Board), y la tercera, la Cámara de Comercio Internacional, con sede en Miami, Estados Unidos, donde el proceso inicia de cero.
En este momento hay dos reclamos en la Cámara de Comercio Internacional: el de la ataguía y dragado del Pacífico, que asciende a US$180 millones. El otro es el de la mala calidad del basalto y la demora en la aprobación por parte de la ACP de la mezcla de concreto, que aunque fue fallado por el DAB, el GUPC llevó posteriormente a arbitraje.
Esta segunda instancia de reclamación no le reconoció el total solicitado, de US$463 millones. En este tema, la ACP emitió una carta de disconformidad para que, a través del arbitraje, se le devuelva el dinero pagado a GUPC.
La audiencia final del primer arbitraje estaba pactada para el mes de diciembre pasado. Sin embargo, el 1 de diciembre de 2015, el GUPC y tres de sus accionistas solicitaron al tribunal arbitral que la audiencia fuera pospuesta hasta principios de 2016, alegando que no habían tenido la posibilidad de analizar los argumentos y pruebas presentados por la ACP.
El tribunal arbitral fijó como nueva fecha de audiencia los días 18 a 29 de julio de 2016, recalcando que su decisión no implicaba crítica alguna a la actuación de la ACP.
