Por Redacción PortalPortuario.cl
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Luego de una auditoría selectiva efectuada por el Servicio Nacional de Aduanas se detectó que una empresa que importó, a través de varios terminales portuarios de la Región del Bio Bio, insumos para la construcción de un parque eólico en las cercanías de la comuna de Lebu terminó con una recaudación a favor del fisco de 463 millones de pesos debido a que el ingreso de las mercancías no se efectuó acorde a la reglamentación vigente.
La investigación se dio en el marco del Plan de Fiscalización a Posteriori de Valoración (PIF Valor) de la Subdirección de Fiscalización de Aduanas y la aplicación de técnicas de auditorías. La estrategia, de acuerdo al servicio, se ha focalizado en incentivar el cumplimiento voluntario entre los importadores de diversos rubros, para lo que han reforzado sus equipos de auditores en todo Chile.
En ese sentido, los funcionarios aduaneros realizan revisiones exhaustivas de los flujos de mercancías cuando éstas ya han concluido sus procesos de importación y están en condiciones de ser comercializadas o utilizadas.
“Se trata de un caso emblemático para Aduanas, porque es el resultado de una línea de trabajo de la fiscalización que hemos priorizado fuertemente, invirtiendo en más profesionales y capacitaciones, y que tiene por objetivo que los operadores del comercio exterior realicen adecuadamente sus operaciones, lo que sin duda beneficia al país y evita la evasión de impuestos”, resaltó el director Nacional de Aduanas, Claudio Sepúlveda.
En concreto, la Aduana Regional de Talcahuano detectó la posible existencia de subvaloración en 6 operaciones de un importador de turbinas para un proyecto de inversión de energía para ser utilizadas en la construcción de un parque eólico ubicado en la Región del Bio Bio.
Los análisis realizados en base a la normativa aduanera confirmaron las irregularidades en cuatro de las seis operaciones de importación, concluyendo que el importador no declaró la totalidad de los valores de las turbinas ingresadas al país, lo que pudo constatarse al contrastar los montos de las facturas comerciales con lo declarado ante la Aduana de Talcahuano.
Así, Aduanas calculó los cargos por derechos dejados de percibir por el Estado en US$ 362.647,44, que en moneda nacional equivalen a $213.000.000, lo que fue cancelado por la empresa investigada.
Además, la empresa manifestó su intención de pagar los montos involucrados al acogerse a la figura contemplada en la normativa aduanera de Renuncia a la Acción Penal (RAP), que autoriza a la Aduana a no formular denuncias o querellas por contrabando donde la Aduana de Talcahuano fijó el monto en $250.000.000. De esta manera, la compañía en cuestión, cuyo nombre no fue difundido, pagó al fisco un total $463.000.000.
Javier Uribe, subdirector de Fiscalización de Aduanas, indicó que “las investigaciones como ésta realizadas por el Departamento Fiscalización a Posteriori, que concluyó exitosamente, responden a las recomendaciones que nos han formulado la Organización Mundial de Aduanas y el Fondo Monetario Internacional, en el sentido de relevar que nuestro campo de acción no se agota en la revisión en los recintos portuarios y puntos de ingreso al país, sino que es imprescindible avanzar en revisiones posteriores que tienen otros tiempos y que por lo mismo son más profundas, fiscalizando la documentación de las operaciones aduaneras de las empresas que operan en el comercio exterior”.
“Hay que destacar acá que estuvimos enfrentados a una forma de fiscalización que no era la habitual para nosotros. Implicó ingresar a los sistemas informáticos y contables de una empresa, además de realizar entrevistas con sus profesionales, todo lo que finalmente nos permitió constatar que habían facturas contabilizadas pero no declaradas a nuestro Servicio y que permitió la formulación de los cargos y la aplicación de las multas”, sostuvo el director de la Aduana Regional de Talcahuano, Claudio Cid.
