La empresa APM Terminals dio a conocer a los diputados de Guatemala que indagará los antecedentes de la compra del Terminal de Contenedores Quetzal que pertenecía a un paquete de instalaciones portuarias del Grup Maritim TCB de Barcelona que lo habría adquirido de forma ilegal por medio de sobornos a distintas exautoridades y funcionarios del país centroamericano.
Sussane Marston, representante de APM Terminals, con ayuda de una traductora respondió al diputado Orlando Blanco de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien le cuestionó acerca de las acciones que tomaría APM Terminals en contra TCB, luego ese grupo le vendió la mayoría de las acciones que entrarían en operaciones en la EPQ.
“La decisión que hemos tomado es averiguar qué –fue– lo que compramos y determinar qué podemos hacer para salvaguardar la situación en la que estamos, porque invertimos mucho dinero en esto”, afirmó la representante holandesa, quien agregó que la prioridad de APM Terminals es recuperar su millonaria inversión, consignó el diario La Hora de Guatemala.
Marston afirmó que si esa compañía no encuentra una solución al Caso de TCQ, lo que harán es “buscar cómo pueden responsabilizar a las personas que les vendieron –el 85 por ciento de las acciones– y tal vez reclamar daños”, por haber concretado una firma señalada de irregularidades.
En esa citación, la representante de APM Terminals también explicó al diputado, comisionado de Competitividad, Enrique Godoy, y a la procuradora María Eugenia Villagrán, como varios de los clientes de AMP Terminal no están dispuestos a “involucrarse” en el caso de TCQ a partir del 18 de mayo.
“Nuestros clientes nos han explicado que no se sentirán cómodos de ver que sus buques –están– en la terminal, cuando los desafíos del usufructo están vigentes”, dijo Marston refiriéndose a la petición de nulidad que pedirá el Estado a través de la Procuraduría General de la Nación (PGN), la próxima semana.
Quiero que entiendan que sin “clientes no habrá ganancias y sin ganancias no podemos pagar nuestros préstamos de US$16.5 millones. Si no logramos cubrir nuestros préstamos la terminal quedar en estado de incumplimiento a partir del 1 de julio y la terminal no podrá operar y tendrá que cerrar”, agregó Marston.
Nulidad
En esa misma citación, Marston explicó al diputado Blanco qué por sugerencia de la procuradora Villagrán se reunió con el presidente Jimmy Morales a quien le expuso los estándares y principios de excelencia de APM Terminales, además sobre la validez del contrato de Terminal de Contenedores Quetzal.
En esa cita, el mandatario mostró apoyo a la inversión extranjera en Guatemala y a criterio de la representante holandesa, el encuentro terminó con “buen pie”.
Después de la explicación de Marston, Blanco señaló al ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, de haber organizado el encuentro con el mandatario Morales y la representante de APM Terminals. El aludido que también participó en la reunión junto a los secretarios generales y privados de la Presidencia pudo haber incurrido en el delito de tráfico de influencias, apuntó el legislador.
Entre tanto, al finalizar la citación legislativa, la procuradora Villagrán anunció que la próxima semana la PGN presentará una demanda donde solicitará la nulidad del contrato TCQ. En esa petición se pedirán US$200 millones por los daños que causaría esa firma al Estado.
Estrada desmintió las afirmaciones del diputado Blanco, quien le señaló de concertar la reunión entre autoridades del Gobierno con personeros de Maersk.
Estrada explicó que estuvo presente en esa reunión en donde simplemente se les escuchó su postura, plan de largo plazo, visión de país y se explicó que todo seguiría según los procedimientos de ley.
“Yo no organicé absolutamente nada, lo desmiento. Me pregunto a quién se le ocurre esto. Siempre he sido abierto; estaba presente ese día porque el presidente se hace acompañar de sus asesores en sus reuniones”, afirmó Estrada.
