Por Redacción PortalPortuario.cl
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El Gobierno argentino, a través de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables del Ministerio de Transporte, reglamentó nuevas tarifas máximas para el servicio de pilotaje y practicaje en todo el país.
Los valores se reducirán entre 20% y 40%, lo cual variará según la zona y condiciones determinadas con el fin de fomentar la competitividad del sector.
Además del nuevo cuadro tarifario, que se actualizará anualmente para garantizar mayor eficacia y regularización, en la Audiencia Pública se acordó con todos los actores del sector consideraciones relacionadas con la eliminación de las limitaciones en el coeficiente máximo a aplicar y una bonificación especial para aquellas empresas con mayoría de capital nacional.
Según un comunicado, este nuevo reglamento fue el resultado de la audiencia pública que convocó el Gobierno Nacional de Argentina el pasado 12 de diciembre para fijar una tarifa máxima en el servicio de practicaje, que es uno de los costos logísticos que paga el productor cada vez que saca y trae sus productos de los puertos y que los traslada por los ríos argentinos. Fue la primera audiencia en 25 años y contó con el apoyo de los gobiernos provinciales de Tierra del Fuego, Chubut, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Misiones.
Jorge Metz, subsecretario de Puertos y Vías Navegables, dijo que “esta medida resulta fundamental para lograr mayor competitividad en el servicio de practicaje y pilotaje en todo el país. Venimos de décadas donde el servicio estaba desregulado y la problemática se incrementaba año a año. Realizamos una Audiencia Pública y ahora estamos fijando las tarifas máximas, reduciendo entre 20% y 40% las tarifas, lo que provoca una mejorar los costos logísticos, transparencia en el mercado y un paso más para que todo el sector portuario siga creciendo”.
Hasta el año 1991 la retribución por los servicios de practicaje se regía por un cuadro tarifario fijado por el Estado, pero entonces fue desregulado y se permitió la libre contratación entre privados, reservándose al Estado la facultad de imponer tarifas máximas, lo que se hizo por última vez en 1992.
Hoy, de acuerdo a lo informado, la tarifa se encuentra desactualizada e inobservada por lo que existe una marcada discrecionalidad y dispersión según las distintas zonas en las que se cobra, no existe oferta competitiva y el mercado está cerrado a la entrada de nuevos actores; todo esto incide directamente en el costo logístico argentino.
