El presidente de la Administración Nacional de Puertos de Uruguay (ANP), Alberto Díaz, afirmó que si bien no constituyen un problema para la normal operativa comercial, el medio centenar de barcos abandonados en el Puerto de Montevideo será retirados para evitar obstáculos en el desarrollo futuro.

La compleja situación legal de los buques de bandera extranjera determina que el organismo deba resolver caso a caso, sostuvo el directivo que, además, pidió modificar las normativas existentes, ya que como ANP no tienen potestad sobre las naves.

“La isla de 50 barcos abandonados, ubicada al norte del dique de cintura del Puerto de Montevideo, no constituye un problema para la operativa comercial”, aseguró el presidente de la Administración Nacional de Puertos, Alberto Díaz.

Díaz dijo a la Secretaría de Comunicación que los barcos pueden constituir un obstáculo para el desarrollo futuro, pero ofrecen una mala imagen del Puerto de Montevideo por lo que el objetivo de las autoridades es retirarlos.

Los buques estuvieron en algún momento en las dársenas pero hoy todas ellas y los muelles están operativos. “No tenemos barcos hundidos en los muelles ni en las zonas de maniobra aunque sí fuera del espigón”, aclaró el jerarca.

Díaz informó que la cuarta parte del total paga sus tributos como si estuvieran activos. “En este caso los consideramos abandonados en el sentido que hace muchos años que no se los mueve del lugar en el que se encuentran. También los hay aquéllos que tienen deudas con la ANP y otros que debido a cuestiones legales están embargados”.

No obstante, de ese universo de barcos, cuatro serán reflotados en una tarea planificada entre la ANP y la Armada Nacional. Hay otros 8 que están en trámite a favor del Estado. Sobre los restantes hay interés manifiesto de varias empresas que han planteado distintas propuestas para sacarlos a tierra.

Necesidad de cambios en normativa
“Los privados necesitan la propiedad del barco o que esté libre de dificultades judiciales para poder extraerlo”, señaló Díaz. El entrevistado dijo que la ANP tiene un mecanismo para que los barcos pasen a favor del Estado aunque —puntualizó— hay que cuidadosos para evitar que éste no tenga que pagar cifras millonarias para retirar un bien que un operador privado dejó abandonado.

Díaz afirmó que el panorama es complejo por lo que es necesario ir resolviendo la situación de cada uno de los barcos hundidos, caso a caso. El jerarca indicó que de los barcos de bandera uruguaya hay registros en Marina Mercante, se conoce quien es el propietario y cuándo se comercializó, entre otros detalles.

Sin embargo, la ANP no tiene un conocimiento similar de los barcos de bandera extranjera. En estos casos el armador está en otro país, nombró un agente marítimo local que puede permanecer o no en actividad. “En muchos de los casos presentados ya no hay agente marítimo o la agencia cerró”, apuntó.

Díaz admitió que sería necesario implementar cambios en la normativa existente “para evitar que se sigan abandonando barcos porque representan un costo elevado para el país”.

El titular portuario explicó que los barcos grandes y en ocasiones muy antiguos —como pesqueros, cargueros de otro tipo y remolcadores— no tienen un valor de reventa como tal. En ellos, “es muy engorroso llegar al kilo de chapa que después será vendido”, precisó.

Con frecuencia los barcos tienen lastre de hormigón que dificultan su extracción, además de otros elementos como madera y aislantes que hay que limpiar. Por otra parte, están sujetos a una situación de mercado respecto al valor del hierro y la chatarra que hacen el negocio de “chatarrear” más o menos atractivo.

Díaz aclaró que la ANP no sube a los barcos. “Nosotros administramos muelles y espacios portuarios pero no tenemos potestades de policía marítima, no es nuestra competencia”.