Ad portas de la votación de la Reforma Laboral en la Comisión de Trabajo, la Cámara Marítima Portuaria entregó su visión sobre la iniciativa legal, oportunidad en que junto con analizar los contenidos, precisaron algunos efectos en los sectores productivos.
A través de un extenso comunicado, la Cámara Marítima Portuaria entregó la exposición hecha ante la instancia legislativa.
“El sector portuario tiene una alta tasa de sindicalización, con organizaciones consolidadas. Sin embargo, las relaciones laborales se han caracterizado en el último tiempo por altos niveles de conflictividad, donde la mayor parte de las situaciones en que se ha producido una paralización de actividades tienen un origen al margen de la institucionalidad que regula las relaciones laborales. Esta situación dificulta la entrega de servicios de calidad a los usuarios y afecta la confiabilidad que debe tener la conectividad del país con el resto del mundo y la imagen de Chile como exportador eficiente, con costos competitivos para las actividades de exportación y para los consumidores finales. Este hecho plantea el desafío de encauzar los procesos de negociación y diálogo a través de los mecanismos institucionales”, aseguró el organismo presidido por Jorge Marshall.
“En los años recientes, las estadísticas de movilización de carga y de contratación de trabajadores muestran un bajo crecimiento de la productividad laboral, a pesar de las inversiones en equipamiento y de los esfuerzos en capacitación de los trabajadores. Esta situación plantea el desafío de renovar las relaciones laborales y definir una agenda de trabajo para lograr aumentos de productividad”, prosiguió la Camport.
“Las comparaciones internacionales que evalúan la competitividad logística de los países muestran que Chile tiene una posición de liderazgo en Latinoamérica, aunque presenta niveles de competitividad por debajo del promedio de los países de la OCDE. Sin embargo, al identificar las tendencias recientes de algunos indicadores se observa un descenso en las ventajas competitivas del país y un estancamiento del desempeño logístico de Chile, lo que plantea el riesgo que este sector se convierta en un cuello de botella del crecimiento del país en una o dos décadas, a menos que se logre un nuevo impulso de modernización de las actividades marítimas y portuarias, incluyendo nuevas inversiones y la gestión eficiente de los procesos logísticos”, añadió el organismo.
La Camport añadió que “este desafío requiere que la sociedad en su conjunto y, especialmente los actores relevantes, articulen una visión compartida del futuro del sector. Estos tres desafíos son significativos, por lo que la discusión del proyecto de reforma laboral debe servir para generar un diálogo constructivo entre las empresas y sus trabajadores”.
Asimismo, llamaron a un fortalecimiento de los mecanismos que regulan al sector portuario, coincidiendo con el mensaje del proyecto de ley en el sentido que “la existencia y respeto de los derechos colectivos de los trabajadores permite una regulación institucional de las tensiones y conflictos que, naturalmente, se presentan en el ámbito laboral, encauzando su solución conforme a las reglas del derecho y con pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de todas las partes. De este modo se evita la proliferación de conflictos inorgánicos que se produce, justamente, cuando los mecanismos institucionales no son los adecuados”.
“Por otra parte, valoramos las disposiciones de adaptabilidad laboral que incorpora el proyecto como una forma para mejorar la competitividad y la productividad de las empresas. Sin embargo, para que todo ello sea efectivo es indispensable que las relaciones laborales se conduzcan dentro de los mecanismos institucionales. En tal sentido, es fundamental que el proyecto se haga cargo en forma efectiva de la realidad de las paralizaciones ilegales que han afectado al sector portuario en los últimos años”, añadió la Camport.
“Los costos de una paralización ilegal en los puertos recaen, principalmente, sobre los exportadores y los consumidores finales. Los primeros, se afectan por los mayores costos y el menor valor de venta de sus productos. Los segundos, se perjudican por cuanto el precio final de los productos importados tenderá a subir para cubrir el costo adicional de importación. Específicamente, una falta en la operación de los puertos afecta la actividad económica y a los consumidores por diversas vías”, explicaron.
De acuerdo con esto, la Camport fundamentó que las paralizaciones en el sector portuario afectan “los bienes que están en proceso de embarque tienen un costo logístico (almacenamiento) y financiero adicional;las exportaciones de perecibles tienen una pérdida de valor porque retrasan su llegada a los mercados de destino, sufren una merma proporcional al tiempo en que están detenidas y se afecta la estrategia de comercialización una vez que la paralización ha terminado; el costo para los importadores aumenta porque las mercaderías no llegan a tiempo a los consumidores; y se produce un costo adicional de los servicios de transporte por las naves que están detenidas a la espera de embarcar exportaciones o desembarcar importaciones y por los altos costos en que deben incurrir los navieros para reposicionar sus naves en los itinerarios comprometidos”
Además, indicaron que “las estimaciones de estos costos en el caso de una paralización de 10 días alcanzan a US$150 millones y en el caso de 20 días a US$ 500 millones. Estas estimaciones no consideran las pérdidas en el valor de los contratos de venta de los exportadores cuando se reduce la confiabilidad en el funcionamiento del sistema logístico o el daño en la imagen de Chile como socio confiable en los mercados internacionales”.
Es por ello que, según la Camport, el proyecto debiera considerar mecanismos de solución de conflictos que se generen al margen de todo proceso de negociación colectiva reglada y que contemple sanciones para las partes que se aparten de este canal institucional, proponiendo una modernización de la Dirección del Trabajo y el sector portuario
“La esencia de la relación laboral es entre dos partes: trabajadores y empleadores. Por esta razón se estima que las nuevas facultades que el proyecto entrega a la Dirección del Trabajo son excesivas y pueden dar origen a escenarios que, en la práctica, se aproximen a una negociación por rama, la que es incoherente con un modelo competitivo en un mercado de servicios no transables”, apuntaron.
“La competencia en el sector portuario ha permitido una mejor utilización de la infraestructura disponible, lo que ha significado una diversificación de las oportunidades para los usuarios. Por el contrario, establecer criterios comunes a todo el sector reduce la competencia y la eficiencia con que opera esta actividad. En este sentido es relevante revisar las facultades que el proyecto otorga a la Dirección del Trabajo, especialmente la de mediar en los procesos de negociación colectiva y de proponer cláusulas de negociación, las que naturalmente tenderán a ser homogéneas para todos los puertos”, subrayaron.
“Considerando el conjunto de facultades que actualmente tiene la Dirección del Trabajo en el ámbito normativo, fiscalizador y sancionador, además de las facultades que agrega el proyecto de ley, resulta conveniente avanzar hacia la instalación de un Gobierno Corporativo en dicha Dirección. Esto permitiría dar mayor coherencia a los criterios de acción de la Dirección del Trabajo”, enfatizaron.
“Adicionalmente, con el objeto de lograr una visión mejor adaptada a la realidad actual del sector portuario en las resoluciones de la Dirección del Trabajo se hace necesario fortalecer la especialización en sectores específicos, a través de unidades que aseguren la continuidad de los criterios de decisión”, expresaron.
Del mismo modo, manifestaron sus dudas sobre la regulación especial que tendría la negociación colectiva para las organizaciones que afilien a trabajadores eventuales.
“La duda surge respecto a si las condiciones que se fijen en tales convenios (rentas y beneficios) serán aplicables sólo a los miembros del sindicato que concurrieron a la fecha a suscribir el convenio o también a quienes se afilien con posterioridad a la suscripción del mismo”, manifestaron.
En ese sentido hicieron presente que “por tratarse de un sindicato eventual, cualquier trabajador puede incorporarse al sindicato sin que medie un contrato de trabajo con un empleador. Hay que tomar en consideración que esta nueva modalidad de negociación coexistirá con otro proceso que existe en los hechos en la actualidad, cual es el de ‘Convenios de Provisión de Puestos de Trabajo’ (CPPT) que garantizan una determinada oferta de trabajo y un ingreso mínimo mensual a quienes están regidos por ellos. Estos CPPT han demostrado ser una herramienta eficaz para dar una mayor estabilidad al trabajo eventual y debieran fortalecerse”.
“Por ello, esta nueva propuesta de negociación debe ir aparejada de algún mecanismo que impida que los beneficios acordados y las condiciones del convenio colectivo se hagan extensivos a trabajadores eventuales que ingresen al sindicato con posterioridad a la negociación. De no hacerse la precisión señalada, es altamente probable que se debiliten los CPPT, se reduzca el alcance de los procesos de negociación y se aumente artificialmente la mano de obra eventual”, apuntaron.
Por otro lado se refieron a “las disposiciones del proyecto de ley respecto de la titularidad se vinculan con la necesidad de fortalecer la organización sindical y la capacidad de negociación de los trabajadores a través de los sindicatos. Objetivo que se cumple en el sector portuario, caracterizado por tener sindicatos consolidados y con una alta afiliación”.
“No obstante, esta titularidad afecta negativamente la flexibilidad que tienen los empleadores y los trabajadores para definir condiciones de trabajo, en especial respecto de ciertos grupos de trabajadores en situaciones especiales. Por lo anterior, el proyecto debiera permitir la negociación con grupos de trabajadores cuando los sindicatos de la empresa representen más de un porcentaje de los trabajadores contratados, ya que en estos casos no se está afectando a las organizaciones sindicales, ni obstruyendo el proceso de negociación colectiva”, concluyeron.
