Organizaciones nicaragüenses e internacionales denunciaron  ante la Comisión Inteamericana de Derechos Humanos (CIDH) el grave impacto que el Canal de Nicaragua tendría en el medio ambiente y en los derechos humanos en el país.

Luis Carlos Buob, abogado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), denunció la concesión del proyecto interoceánico por el estado de Nicaragua a la compañía china HKND, ya que supone la concesión de diez megaproyectos a un solo concesionario por más de cien años y sin licitación previa.

Buob denunció que el proyecto del canal, de 278 kilómetros de largo, “parte el país en dos”. Y recordó que se prevé que este canal será tres veces más largo y dos veces más profundo que el Canal de Panamá.

La conservadora Azahalia Solis de Unión Ciudadana por la Democracia criticó la falta de acceso a la inforamción pública sobre el proyecto y aseguró que la Ley del Canal concede “privilegios excesivos para los concesionarios”. Y consideró que que el gobierno nicaragüense todavía está “a tiempo de rectificar”.

Según consigna El País de Costa Rica, durante la audiencia pública, las organizaciones nicaragüenses también acusaron  actos de agresión policial, intimidación militar y detención ilegal a los que diversas personas han sido sometidas por protestar contra la construcción del canal interoceánico.

Los organismos acusan que entre 30.000 y 100.000 personas se verán directamente afectadas por este proyecto, que provocaría la expulsión forzosa de los pobladores y la expropiación de tierras a lo largo de la ruta por donde pasaría el canal por “un pago irrisorio”. Y alertaron sobre las consecuencias ambientales que tendrá la construcción del canal en el Lago Cocibolca, la principal reserva de agua dulce de Centroamérica.

Por su parte, Denis Moncada, embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), defendió ante la CIDH “la legalidad y legitimidad” del proyecto, que tendrá un costo de 50.000 millones de dólares.

“Para Nicaragua, el proyecto del Gran Canal tiene una importante y positiva proyección económica, social y ambiental”, dijo Moncada, que aseguró que este proyecto que unirá los océanos Atlántico y Pacífico “acortará las distancias en la comunicación y comercio marítimo internacional, reducirá costos, tiempo de transportación y contaminación ambiental”.

“Causar el menor impacto ambiental y social posible han sido los criterios determinantes para elegir la ruta por donde se construirá” añadió el embajador de Nicaragua ante la OEA.

Ante las denuncias de los peticionarios, el gobierno de Nicaragua aseguró que la concesión del proyecto ha sido “clara y transparente” y explicó que “en su momento se realizarán las correspondientes licitaciones y los informes de estudio ambiental”.

Por su parte, el ingeniero Telémaco Talavera, vocero de la Comisión de Desarrollo del Gran Canal Interoceánico, consideró que “el canal ha sido un sueño, una necesidad histórica para Nicaragua y para el mundo”. Y aseguró que el proyecto “cuenta con el respaldo de la mayoría” de los nicaragüenses.

Durante la audiencia, la comisionada de la CIDH Rosa María Ortiz expresó su preocupación por las posibles consencuencias que la construcción del canal podría tener en el desplazamiento de la población indígena y porque “se vaya a hacer ahora el estudio sobre el impacto ambiental” en vez de haberlo hecho antes de conceder el proyecto.

El gobierno de Nicaragua se comprometió a entregar a la CIDH un amplio informe sobre el Canal de Nicaragua y su impacto sobre los Derechos Humanos.

El Canal de Nicaragua, cuya construcción empezó el pasado mes de diciembre y que está previsto que se inaugure en 2019, iría desde el puerto Brito en la costa del Pacífico hasta el puerto Punta Águila en el mar Caribe, pasando por el lago Cocibolca y también supondría la creación de un lago artificial, el Atlanta. El objetivo de sus promotores es resolver el problema de los “atascos” marítimos.