Carlos Cruz es director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)

La CAF acaba de anunciar un crédito de USD 150 millones para sustentar el inicio de la construcción del Puerto Exterior en San Antonio. Corresponde al 50% de la primera fase contemplada en el proyecto, lo que incluye medidas de mitigación ambiental y el molo de abrigo. El resto de los recursos saldrán de la operación de la empresa.

Esto es una muy buena noticia, que permite evidenciar que en estos años se ha avanzado en esta obra tan relevante para el país, aunque en algunos momentos, no ha sido debidamente valorada por algunos actores de la industria logística y portuaria. La real importancia de esta inversión la han dado las autoridades, comprometidas con nuestro desarrollo con una mirada en el largo plazo y también los exportadores, para quienes un puerto de las dimensiones de lo que será esa infraestructura, les da alguna certeza para un transporte más seguro y a menor costo, aumentando su competitividad en sus mercados de destino.

El desarrollo prioritario del puerto de gran escala para Chile fue definido a fines del segundo Gobierno de la Presidenta Bachelet (noviembre 2017), en base a una serie de análisis preliminares que permitieron dirimir entre esa localización y Valparaíso. Durante el segundo Gobierno del Presidente Piñera (2018), se iniciaron los primeros estudios y comenzaron a surgir las primeras dificultades, propias de una iniciativa que compromete a todos los habitantes de esa localidad, de una institucionalidad fragmentada para intervenir en los territorios y de obstrucciones ambientales.

Durante el actual Gobierno, se han ido diseñando soluciones que han permitido generar una relación más comprensiva de parte de la comunidad, mitigado lo medioambiental y algo se ha avanzado en la integración de miradas de las diferentes agencias públicas que tienen responsabilidad sobre la ciudad de San Antonio y su entorno. El nuevo puerto no sólo debe ser un aporte en productividad para nuestro sector exportador sino también debe constituirse en una oportunidad para los habitantes de la ciudad que lo cobija. Vivir en una ciudad que se proyecte como el puerto principal de Chile debiera ser un orgullo y no una amenaza, como es percibido hoy.

Ello debería pasar por integrar los esfuerzos de las concesiones viales que desembocan en esa comuna, las inversiones necesarias en servicios ferroviarios – fundamentales para el movimiento de carga-, las inversiones inmobiliarias y urbanas para atender el movimiento de personas que provocará el puerto y también a los habitantes de San Antonio.

Este proceso naturalmente escapa de la responsabilidad de quienes tienen a su cargo el desarrollo de la infraestructura portuaria. Sin embargo, comprendiendo esta trascendencia, el Ministro de Transportes ha creado un comité asesor experto para contribuir con ese propósito. Creemos que es la hora en que ese comité sea validado por el Presidente de la República y apoye a la cartera de Transportes en la gestión para integrar el trabajo de cada uno de los intervinientes en la ciudad, en base a un Plan Maestro que asegure la continuidad de los esfuerzos realizados y que van en beneficio de la productividad nacional, pero también del bienestar de los habitantes de San Antonio.