Una comisión compuesta por organizaciones de desarrollo y derechos humanos procedente de Barcelona evalúa  en la ciudad de Buenaventura si la empresa TCBuen, participada por la compañía catalana Grup Maritim TCB que adquirida recientemente por APM Terminals, viola los derechos de los habitantes de esa zona del Pacífico.

El grupo, compuesto en total por nueve personas representantes de la Federación de ONG catalanas por el Desarrollo y la Paz, el Instituto Catalán por la Paz, sindicatos, la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo y una parlamentaria de la agrupación política de izquierda e independentista CUP, entre otros, permanecerá hasta este domingo en Buenaventura, según difundió la agencia EFE.

La ciudad, que alberga el puerto más importante de Colombia sobre el Pacífico, es uno de los lugares más violentos del país, donde los desplazamientos y los asesinatos perpetrados en su mayoría por bandas criminales de origen paramilitar han sido una constante en los últimos años.

En este contexto, TCBuen ha sido acusada por varios sectores de Buenaventura de afectar las viviendas cercanas a su lugar de operación, así como las actividades de pesca artesanal, especialmente con las obras de expansión que llevan a cabo en el puerto.

Con esas obras de expansión, inauguradas este jueves por el vicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, que tiene a su cargo la gestión de las grandes infraestructuras en el país, TCBuen tendrá capacidad para recibir 600.000 contenedores al año.

“La ampliación de la terminal de contenedores es una muy buena noticia para la economía del país en general”, explicó Vargas Lleras, según un comunicado de su despacho.

Las obras tuvieron un costo cercano a los 136 millones de dólares e incluyeron la ampliación de 72.000 metros cuadrados de plataforma aérea apoyada sobre pilotes, un área de mantenimiento, la construcción de dos patios, instalaciones eléctricas, planta de tratamiento de aguas residuales y obras de dragado.

“(Nosotros) queremos conocer mejor la situación de Buenaventura y especialmente cuál es la actitud y el comportamiento de esta empresa catalana”, explicó a Efe Tono Alvareda, portavoz de la comisión barcelonesa, la primera que evalúa la actividad de una compañía catalana en el extranjero.

A la comisión le “consta” que el “dragado continuo del puerto provoca contaminación e impide que los pescadores artesanos” trabajen como antaño; además, “las vibraciones y el ruido que provocan las máquinas afectan negativamente” a las frágiles viviendas de los vecinos.

“Tenemos pruebas de que la acción de la empresa ha debilitado y dañado casas vecinas a sus terrenos y que los ruidos y las vibraciones molestan a los vecinos y dañan las casas”, afirma Alvareda, quien destacó que “algunas viviendas se han destruido en la práctica”.

Otras acusaciones más graves apuntan a que la actividad de TCBuen ha provocado desplazamientos, algo que la comisión no sabe y “no se atreve a afirmar”.

El único “señalamiento claro” contra la empresa era “por los ruidos y vibraciones que se producen”, subrayó el portavoz, quien destacó que, en una sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado colombiano varios representantes comunitarios denunciaron que los “grandes megaproyectos son los causantes del desplazamiento”.

La comisión tiene previsto reunirse con el personero de Buenaventura, organizaciones de mujeres, el obispo de la ciudad y la propia empresa, entre otros, durante su visita.

“Las conclusiones que elaboremos las haremos llegar a la empresa, a las diferentes autoridades españolas y catalanas, al Ayuntamiento de Barcelona y también la difundiremos internacionalmente”, explicó Alvareda.

Si esas observaciones resultan ser negativas, “la empresa va a tener la obligación primero moral y ética de mejorar su comportamiento y si hay algunas deficiencias reales en su funcionamiento deberá intentar corregirlo”, apuntó el portavoz de la comisión, que admite que “difícilmente habrá exigencia legal” para esta filial.