El Gobierno de Cataluña aprobó el Proyecto de Ley de Puertos y de Transporte en Aguas Marítimas y Continentales, “una ley grande y de envergadura que quiere dar respuesta completa a la regulación del sistema portuario catalán en todo su alcance”, explicó Josep Rull, consejero de Territorio y Sostenibilidad.
La ley actualiza la política portuaria del Gobierno para dar respuesta a los nuevos retos del sector y reforzar la concepción de las instalaciones portuarias como operadores económicos y prestadores de servicios, en definitiva, con la nueva regulación “se pasa de una ley náutica en una ley portuaria con todas consecuencias “, explicó Rull.
“Es una ley pensada con mentalidad de estado, para todos los puertos de Cataluña, no sólo para los 45 puertos que hoy son de titularidad de la Generalitat, sino también para los dos puerto de interés general , el Puerto de Barcelona y del Puerto de Tarragona. En estos sentido ha dicho que la ley está preparada para incorporar este puertos a un modelo de gestión “individualizada”, es una ley aplicable a todo el sistema portuario catalán y por eso es una ley amplia “pensada para ser operativa en la autonomía y para ser operativa en el escenario de un estado propio “, explicó Rull.
El proyecto
El proyecto de Ley tiene como uno de sus objetivos poner las infraestructuras portuarias al servicio de la promoción económica industrial, logística, náutico-deportiva, pesquera, turística y social del país, tanto desde la vertiente público como del privado, explica el gobierno de Cataluña en su sitio web.
Cataluña, con 780 kilómetros de costa, tiene una gran vinculación económica y social con el mar, que se traduce en la existencia de un sistema portuario catalán, integrado por puertos deportivos, pesqueros, comerciales e industriales, con un importante desarrollo económico vinculado al turismo. Hasta ahora, la principal norma reguladora de los puertos catalanes era la Ley 5/1998, de 17 de abril, de puertos de Cataluña y los cambios que se han producido en los últimos años y las tendencias de futuro aconsejan reformar el régimen jurídico de los puertos catalanes, con el fin de optimizar el sector, clave en el país.
El crecimiento de la náutica deportiva como un elemento dinamizador y estratégico; la modernización del sector pesquero; el incremento del tráfico portuario comercial e industrial; la adaptación de los puertos catalanes a los requerimientos de las nuevas embarcaciones de gran eslora y del tráfico de cruceros; el incremento generalizado de la actividad económica vinculada al sector y de la presencia de la iniciativa privada son los principales factores que han motivado el impulso de la nueva normativa.
El sistema portuario de Cataluña está integrado por 45 puertos de titularidad de la Generalidad. De estos 45, en la práctica totalidad -44- hay actividad náutico; en 18 también hay actividad pesquera; 5 tienen actividad comercial y 3 reciben cruceros.
El Proyecto de ley fija una nueva organización administrativa portuaria, por lo que el Departamento de Territorio y Sostenibilidad será el responsable de la planificación y la ordenación, y la empresa pública Puertos de la Generalitat gestionará (directa o indirectamente mediante empresas concesionarias) todos los puertos del sistema.
La nueva normativa quiere promover el crecimiento de operadores y usuarios que desarrollen actividades generadoras de valor mediante unos servicios portuarios eficientes. Así, regula la organización administrativa y de gestión al servicio de los operadores del sector, con especial atención a la transparencia y la simplificación administrativa en la relación entre estos operadores y la Administración portuaria.
Otro aspecto a destacar del proyecto es la creación, tomando como precedente la figura incluida en la ley de Puertos de 1998, del Consejo de Puertos, como órgano de consulta y asesoramiento en materia de portuaria entre el sector y la Administración. El Consejo estará formado por representantes de las administraciones competentes en la materia y de todos los sectores vinculados al ámbito portuario.
