Por Redacción PortalPortuario
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La Fiscalía de Panamá solicitó a la Corte Suprema del país declarar inconstitucional el contrato de concesión efectuado por el Estado panameño con Panama Ports Company (PCC) para operar los puertos de Balboa y Cristóbal.
En un documento, el organismo señaló que la demanda de inconstitucionalidad, interpuesta por los abogados Norman Castro y Julio Macías, “plantea inicialmente un cuestionamiento fundado sobre la constitucionalidad del artículo 1 de la Ley No. 5 del 16 de enero de 1009, ‘por la cual se aprueba el contrato a celebrarse entre el Estado y la sociedad Panama Ports Company, S.A., para el desarrollo, construcción, administración y dirección de las terminales portuarias de contenedores, ro-ro, de pasajeros, carga a granel y carga general en los puertos de Balboa y Cristóbal”.
“En razón de lo expuesto, concluyo que Ley No. 5 de 16 de enero de 1997 (…) es inconstitucional, por lo que solicito al Pleno de la Corte Suprema de Justicia que así lo declare al momento de pronunciarse sobre la presente acción de inconstitucionalidad”, señaló el escrito firmado por el procurador general de la nación, Luis Gómez Rudy.
La demanda realizada se basa en que el contrato suscrito entre el Estado y PPC contiene los mismos vicios legales que el concretado con Minera Panamá y que fue declarado inconstitucional por la Corte. Macias alegó que el contrato de PPC otorgó casi de manera gratuita la ocupación de tierras, sin que existiera una consulta previa a la sociedad panameña.
El recurso legal plantea que el contrato suscrito entre PPC y el Estado violó los artículos 1 y 2 de la Constitución, ya que dispone que el Estado debe consultar y requerir aprobación previa a la empresa para otorgar cualquier concesión futura sobre terrenos del Estado.
En ese sentido, el reclamo sostiene que lo anterior atenta contra la soberanía que ejerce el Estado panameño sobre todo su territorio, el cual sólo puede estar sujeto a su gobierno y no debe requerir consentimiento ni aprobación previa de ninguna entidad privada para disponer de los bienes de su propiedad.
Por otro lado, la Contraloría General de la República de Panamá está realizando una auditoría a Panama Ports Company para revisar la correcta administración de los recursos y verificar el cumplimiento de los términos de la concesión, luego de una serie de cuestionamientos por la falta de transparencia acerca de los beneficios que genera al Estado panameño.
