La Fiscalía inició una indagación previa sobre presuntas irregularidades detectadas en la concesión del Puerto de Aguas Profundas de Posorja, en la provincia de Guayas, a la empresa DP World.

La investigación dispuesta por la fiscal general (e), Ruth Palacios, es por presunto tráfico de influencias, informó el medio estatal El Telégrafo.

En la denuncia penal, de 29 páginas que presentó el mes pasado en la Fiscalía, se pide investigar a 24 personas. Entre ellas al expresidente de la República, Rafael Correa, y el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera.

Además, autoridades y exfuncionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Autoridad Portuaria de Guayaquil, Senplades y Subsecretaría de Puertos. También a empresarios privados, como el representante de DP World, Michael Bentkey, quien suscribió el contrato.

Según el denunciante, Carlos Figueroa, el contrato de Posorja fue entregado a dedo, ya que no hubo un concurso, por lo que supuestamente se violó la ley.

Figueroa aseguró que existió transferencia de dinero, afectación ambiental y que tal como se firmó el contrato se generaría un monopolio portuario en el país, en desventaja para Manta y Puerto Bolívar.

Luis Fernández, abogado de Figueroa, manifestó que en este caso también existen indicios de otros delitos, como peculado, concusión y enriquecimiento ilícito.

Los denunciantes advirtieron que la denuncia se presentará también ante la Superintendencia del Poder del Mercado y la Procuraduría para la interposición de las acciones correspondientes que incluya la revisión de los procesos.

En junio de 2016 la firma dubaití recibió la concesión de 50 años por parte del Estado para construir y operar el puerto con una inversión total de $ 1.200 millones. La obra arrancó en julio de 2017 y se calcula que empezará a funcionar en el segundo semestre de 2019.