Una postura favorable respecto de los alcances del proyecto (boletín 9892) que perfecciona la justicia tributaria y aduanera presentaron, ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, los representantes de los jueces y funcionarios de los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA), así como el profesor de Derecho Tributario, Guillermo Infante, aunque no desconocieron la necesidad de introducirle algunos perfeccionamientos a la propuesta legal.

Óscar Meriño, presidente de la Asociación Nacional de Jueces y Secretarios de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, resaltó que la propuesta permite salvar una omisión que se produce en la escala de remuneraciones de los funcionarios. “Estamos hablando de funcionarios que no tienen carrera y que, al ser funcionarios de tribunales especiales, deben seguir la lógica de tribunales especiales, es decir, tener su escala propia de remuneraciones”, comentó.

En la presentación ante los diputados, la vicepresidenta de la Asociación, Paola Feliu, dijo que es importante tener presente que en una judicatura especializada como la Tributaria y Aduanera, las mejoras que puedan requerirse para un óptimo funcionamiento del sistema podrían ser muchas más que las contempladas en este proyecto. Sin embargo, recalcó que, en términos generales y, entendiéndolo como un primero paso para avanzar hacia un real perfeccionamiento y fortalecimiento de la justicia tributaria-aduanera, se manifiestan a favor de la iniciativa.

Feliu explicó que el problema de la remuneraciones se debe, principalmente, a que en el origen de la ley que creó los TTA se estableció que los funcionarios de estas instancias tendrían los mismos grados y remuneraciones que los del SII, pero que, luego, se agregó una norma que permitía que los jueces de este ámbito pasaran a ser Ministros de Corte en materia de su especialidad, lo que llevó a solicitar, para ser concordante con esta norma, que los funcionarios se rigieran por la escala de remuneraciones del Poder Judicial.

A su vez, especificó que, en el último trámite legislativo, se eliminó la norma que permitía la carrera funcionaria por oposición del Poder Judicial, sin considerar tampoco la antigua tabla que compensaba el punto, lo que significó un tremendo perjuicio al no modificar los grados de los funcionarios. “Es precisamente lo que el Ejecutivo ahora está enmendando mediante este proyecto”, detalló.

Paola Feliu resaltó que, originalmente, esta justicia especializada se implementó estableciendo una planta total para los 18 tribunales del país de 137 funcionarios, lo que fue modificado por la Ley 20.752 (19 de agosto de 2014), con la reducción de diez funcionarios.

“El proyecto de perfeccionamiento propone aumentar la planta de los TTA a 139 funcionarios, lo que, más que un aumento, implica una restitución de las plantas primitivas y una redistribución de estas en los tribunales de la regiones Metropolitana y de Valparaíso, que son los que concentran el mayor número de ingresos y las mayores cuantías y complejidad de las controversias”, acotó.

Estos puntos fueron plenamente apoyados por la presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios de los Tribunales Tributarios y Aduaneros que justificó tanto el incremento del personal como la necesidad de definir una escala de remuneraciones mayor a la actual, que evite que se produzcan emigraciones hacia el sector privado o hacia el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Los dirigentes sostuvieron que el aumento de dotación se justifica por el grueso del trabajo realizado hoy por las instancias judiciales. Informaron que, a la fecha, se han ingresado alrededor de cinco mil procesos de reclamación y que se mantienen en trámite un número cercano a las dos mil causas, “cantidad que supera con creces las cifras que se analizaron al momento de resolver rebajar las plantas originales”.

A lo anterior, dijeron que se suma la relevancia de la cuantía de las causas que actualmente se encuentran pendientes de tramitación, las que totalizan una suma cercana a los seis mil millones de dólares; y las nuevas competencias que se incorporan a los TTA con la entrada en vigencia de las nuevas figuras jurídicas establecidas en la reforma tributaria.

Por su parte, el profesor Guillermo Infante estimó que es bueno que nos sentemos de nuevo a pensar en la justicia tributaria, una vez que ya la tuvimos funcionando un tiempo. Consideró que la propuesta legal es buena, bien intencionada, aunque con cosas que mejorarse. Sin embargo, dijo que la primera conversación que se debe tener es respecto de lo que se quiere para los TTA, si definirlos como una rama del Poder Judicial, es decir, metido dentro de ese escalafón; o dejarlos como instancias especiales, similares a los otros contenciosos administrativos, particularmente el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y el Tribunal Ambiental.

“A mí me parece que por un tema de especialización, de mercado y por la forma en que funciona tendría que ser un tribunal especial, pero lo que no puede ser es que sean las dos cosas”, recalcó.

El académico reconoció que el proyecto avanza en mejoras remuneracionales, pero sostuvo que, aún así, los jueces tributarios quedan recién equiparados con los jueces de letras, que es un magistrado de primera instancia del Poder Judicial, con la diferencia que este puede ascender, en cambio el juez tributario no.

“Entonces, si vamos a asumir que ser juez tributario es el tope de la carrera de ese abogado que llegó a ser juez, démosle una remuneración de tope de carrera como la que tienen los miembros del Tribunal Ambiental, que es bastante superior a la de los jueces tributarios”, planteó.

Otro punto que observó Infante es el tema de la conciliación que se incluye en el proyecto. Indicó que le parece bueno el principio, pero alertó que se debe tener mucho cuidado porque aquí se juegan temas de probidad, objetividad, igualdad ante la ley y principios de legalidad tributaria.

“Creo que puede hacer más expedito esto, puede acelerar la recaudación de dinero para el fisco, lo que sí es que esto tiene que hacerse con requisitos que no sean muy altos, para que funcione, y que impidan que se abuse del sistema”, especificó.

Asimismo,  el profesor criticó las trabas que se imponen en el mecanismo de conciliación para que sea realmente efectivo. Recalcó que, tal como está hoy día la redacción de la propuesta, para poder conciliar tiene que tratarse de un caso en que ha habido vicio o error manifiesto de la actuación administrativa, en el fondo, “algo tan evidente que uno lo vea y diga esto esta malo”.

“Si se quiere que el sistema se aplique se debe ampliar su uso a temas discutibles, es decir, casos en donde puede que la posición del SII tenga mérito, pero donde pueda que también tenga mérito la del contribuyente. Uno tiene que abrir la posibilidad que eso tenga que ser conciliable, porque ahí no hay vicio ni error manifiesto, sino que hay una materia discutible y, en esos casos, yo creo que hay que asumir que cuando se discute un tema ante un tribunal, ahí no se está discutiendo un impuesto, sino que una pretensión de un impuesto”, enfatizó.

Óscar Meriño señaló que comparten el planteamiento y anunció que el Ejecutivo estudiará el tema para presentar una indicación sobre el punto. “Nosotros creemos que vía indicación se deben hacer algunas modificaciones que permita ampliar la norma y no sólo restringirse a vicios y errores manifiestos, ya que eso desde ya se puede solucionar, sino que esto vaya a situaciones de hecho que pueda percibir el juez en la revisión que hace de la documentación y de la prueba aportada”.

Finalmente, evaluó que el sistema de conciliación puede representar un tremendo aporte y una herramienta sumamente útil para mejorar la recaudación, pero también para que los contribuyentes puedan solucionar prontamente sus conflictos ante un ente objetivo.