Gastón Saavedra Chandía es senador de la República de Chile por la circunscripción 10, Región del Bio Bio

Chile, con más de 4.200 kilómetros de costa y una red portuaria robusta, depende en gran medida del transporte marítimo para su intercambio comercial. Sin embargo, la actual legislación sobre cabotaje ha limitado el potencial de nuestro sistema logístico nacional. En este contexto, el proyecto de ley que libera el cabotaje al norte del paralelo 41° es una medida necesaria para modernizar el sector y homogeneizar el marco normativo vigente en el sur.

Actualmente, el cabotaje en Chile -el transporte de carga o pasajeros entre dos puntos del territorio nacional por vía marítima- está restringido para naves extranjeras, salvo excepciones al sur del paralelo 41°, donde se permite su operación bajo determinadas condiciones debido a la geografía fragmentada del territorio. Esta excepción ha demostrado que es posible habilitar competencia sin perjudicar a la industria naviera nacional, permitiendo el desarrollo de soluciones logísticas eficientes, especialmente en zonas aisladas.

La modificación legal en discusión extiende esta apertura al resto del país, bajo el principio de reciprocidad y regulación estatal. Esto no implica una liberalización indiscriminada, sino una política pública orientada a mejorar la competitividad del cabotaje, que actualmente representa solo una fracción del transporte interno de carga, a pesar de las ventajas comparativas del modo marítimo.

La liberación controlada del cabotaje permitiría reducir costos logísticos, descongestionar la red vial terrestre, disminuir emisiones de gases contaminantes y fortalecer la cadena de suministro entre regiones. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el transporte marítimo puede ser entre 30% y 50% más eficiente en términos de consumo energético por tonelada transportada, lo que lo convierte en una herramienta clave para avanzar en objetivos de sostenibilidad y descarbonización.

Desde la perspectiva de la Región del Bio Bio, esta reforma abre una oportunidad para consolidar nuestros puertos como plataformas intermodales al servicio de todo el país. San Vicente, Talcahuano, Coronel y Lirquén podrían jugar un rol aún más protagónico en la redistribución de carga hacia el norte y el sur, generando empleos de calidad y dinamizando industrias conexas como la construcción naval, los servicios marítimos y la logística portuaria.

Sin embargo, este avance debe ir acompañado de una estrategia nacional de desarrollo marítimo. No basta con abrir el cabotaje: es necesario fortalecer la marina mercante chilena, promover estándares laborales adecuados y asegurar condiciones de competencia leal. La autoridad marítima debe ejercer un rol activo en la fiscalización y en el cumplimiento de requisitos técnicos, de seguridad y medioambientales.

En suma, esta ley es un paso en la dirección correcta. No solo elimina una distorsión normativa, sino que apunta a integrar de forma más eficiente y justa a las regiones del norte en la cadena logística nacional. Un país con costas tan extensas no puede seguir de espaldas al mar. Apostar por el cabotaje es apostar por un Chile más conectado, más competitivo y más sostenible.