Por Redacción PortalPortuario.cl

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El Gobierno de Bolivia inició una ofensiva comunicacional con el fin de imponer sus propias condiciones a la Empresa Portuaria Arica (EPA) respecto del ajuste tarifario que la estatal chilena generó a la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B), luego de que el acuerdo suscrito entre ambas compañías estatales caducara el pasado 4 de agosto.

La chilena, cabe recordar, planteó a ASP-B -que oficia como agente aduanero para las importaciones bolivianas en Arica en virtud del Tratado de Paz y Amistad de 1904- un descuento de 38% para una serie de 23 servicios. Sin embargo, después de un mes de conversaciones, la contraparte de Bolivia no suscribió el nuevo modelo tarifario y, tal como en las negociaciones anteriores, desvirtuó vía redes sociales, comunicados de prensa y apariciones en medios locales los avances y principios de acuerdo anunciados por la portuaria ariqueña.

En esta oportunidad, el turno fue del Ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, Marcelo Montenegro, que -según la agencia estatal ABI- “demandó” a la empresa chilena a dialogar y a dar más plazo para que su país pueda hacer una contrapropuesta al nuevo modelo tarifario.

Según el ministro, “nosotros teníamos un acuerdo tarifario que feneció en agosto de este año; la ASP-B inició las acciones pertinentes para tratar el tema desde el mes de abril, pero la EPA rehusó el mismo argumentando temas sanitarios, y de manera unilateral subió los costos portuarios en Arica desde el 5 de agosto”.

En esa línea, pidió a la concesionaria chilena ampliar el acuerdo de 2019 por seis meses más, tiempo en que el gobierno boliviano, junto a la ASP-B, analizará con profundidad y elementos técnicos la medida asumida.

“Nosotros, como Estado boliviano, requerimos este tiempo para analizar y presentar una contrapropuesta, basada en un estudio realista y profundo sobre la base que hace la EPA. Nos parece un exceso unilateral que hace la empresa chilena al imponer nuevas tarifas sin previa negociación y acuerdo entre partes”, dijo.

La autoridad boliviana añadió que con el nuevo régimen tarifario el costo portuario para la mercadería boliviana tendría un 246% de incremento, por lo que se rechaza el tratamiento unilateral de las tarifas en el Puerto de Arica.

“Le pedimos a EPA retroceder con su medida y aceptar el plazo de seis meses para negociar (…). No aceptaremos ni firmaremos ningún incremento unilateral; el alza de costos de la EPA viola los acuerdos firmados entre Bolivia y Chile en 1904”, señaló, a pesar de que el Tratado no establece ni fija tarifas, sino que solo garantiza el libre “el más amplio y libre tránsito” de las mercancías bolivianas por puertos chilenos; específicamente, Arica y Antofagasta.