Hugo Barra es director de la Liga Marítima de Chile

El proyecto de Ley de Fraccionamiento de las Cuotas de Pesca que pretende desconocer contratos vigentes hasta 2032 y reducir las cuotas de extracción de las compañías industriales, aumentando la de los artesanales, es sin dudas una iniciativa que raya en la ilegalidad.

Esta pretendida expropiación ilegal, no solo tiende un manto de incertidumbre para la materialización de futuras inversiones y las consecuentes oportunidades laborales que ello produce, sino que además amenaza el 28% de los empleos directos (1.800 puestos de trabajo formal mayoritariamente femeninos) que brindan las empresas pesqueras, afectando además a 140 Pymes que prestan servicios exclusivos a la pesca industrial.

Sin mencionar a los miles de trabajadores relacionados con la industria metal mecánica y astilleros necesarios para la mantención de la flota, que verán inhibidas sus oportunidades laborales, como consecuencia de la paralización de barcos pesqueros.

Un potencial devastador efecto sobre la Región del Bío Bío, en donde la población tiene una especial valoración respecto de la industria pesquera (y forestal), que se suma al cierre en septiembre pasado de la siderúrgica Huachipato.

Ignoran quienes participan de estas injustificadas demandas, de que cada día más el consumo de peces apuesta por “peces cultivados” por sobre “peces pescados” y que adicionalmente la ideologizada permisiología y dificultades generales para invertir en áreas marítimas, están haciendo que los capitales muten hacia una industria de acuicultura realizada en tierra, con lo cual Chile pierde la ventaja comparativa que le otorgan las limpias y heladas aguas de los canales australes.

La presencia y activa participación de representantes de fracasadas ideologías que solo apoyan a los manifestantes con descarados y circunstanciales fines electorales, dan cuenta de lo poco y nada que les importa el que cientos de trabajadores pierdan las oportunidades de trabajo y, sus familias los múltiples beneficios que las empresas otorgan a sus colaboradores.

A la redacción de esta columna, pescadores artesanales obstaculizan el normal desarrollo de actividades en el Puerto de Quintero, un puerto que concentra el abastecimiento de la energía que el país necesita.

Un cocktail de ilegalidad, ignorancia e ideología que sin dudas, amenaza los Intereses Marítimos de Chile.