Javier León es vicepresidente de la Cámara Aduanera de Chile

Con el cambio de autoridades y la nueva Constitución tenemos que democratizar y profundizar la descentralización de los puertos en Chile, la que quedó pendiente en el Informe de la Comisión Presidencial de Innovación para Puertos y su Logística del año 2015 que se entregó a la expresidenta Michelle Bachelet.

En esa instancia, donde trabajamos durante 5 meses mas de 150 profesionales del sector privado y académicos, planteamos importantes constribuciones con el aporte de 17 gremios empresariales y 13 ministerios y servicios públicos, así como la constribución que hicieron organismos internacionales tales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Dentro de este marco, tenemos que iniciar un nuevo ciclo que nos lleve a un nuevo trato y a una nueva gobernaza que nos garantice la modernización, la expansión y la diversificación de nuestra infraestructura portuaria, porque con la actual institución hemos tenido problemas como por ejemplo en la licitación y construcción del T2 en Valparaíso y la oposición de grupos ambientalistas al Puerto de Gran Escala en San Antonio por el daño que podría provocar su construcción a los humedales Ojos del Mar.

Estos conflictos se han acrecentado en los últimos años con el empoderamiento ciudadano en las diferentes ciudades puerto y la mayor conciencia social, el cambio climático y por la protección del medio ambiente que exigen plantear proyectos mas sustentables.

Para adecuarse a los nuevos tiempos, el Informe plantea una nueva gobernanza con la creación de un Ministerio del Comercio Exterior que asegure una mayor coordinación entre ministerios y servicios públicos, instancias nacionales y regionales de diálogo público y privado, así como las comunidades logísticas portuarias en cada puerto y sus corredores logísticos.

Ademas, a nivel nacional, se deben corregir regulaciones y reglamentaciones insuficientes y desactualizadas.

Con la llegada de las nuevas autoridades y la nueva Constitución abre una nueva etapa institucional para Chile y también para avanzar hacia una nueva Gobernaza Logística Portuaria, pues la actual rige en Chile desde el año 1997 a través de la Ley N°19.542. Esta nueva gobernanza tiene que nacer desde la apertura y la democratización de las comunidades logísticas portuarias (Folovap, Colsa, Comlog, etc..).

La Ley N°19.542, que en su artículo 50, considera el establecimiento de Consejos de Coordinación Puerto-Ciudad para puertos estatales, donde participan las gerencias de los puertos, el municipio, la gobernación y otras instituciones que las partes inviten.

Además de reglamentar el artículo citado, la Comisión propone que un decreto presidencial impulse un mecanismo similar de coordinación puerto-ciudad en los principales puertos privados del país, donde los gobiernos locales tengan un papel relevante. Este proceso debe acompañarse con el fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de agendas de trabajo de consenso y soluciones de largo, mediano y corto plazo, en beneficio del puerto y la ciudad.

Estas comunidades logísticas conformarían los Consejo Regional Logístico(Corelogs) en cada Macro Zona, las que estarían conformadas por sus puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, totalizando siete.

Finalmente, estos siete Corelog conformarían el Ministerio del Comercio Exterior que tendría que ser capaz de plantear el master plan portuario nacional y un reglamento logístico del Comercio Exterior.

Junto con los Corelog se debiera poder elegir en forma democrática a los directores de todas las empresas portuarias de Chile.

Un Ministerio del Comercio Exterior se hace necesario, porque se necesita una institución de nivel nacional que tenga las funciones y atribuciones para planificar, diseñar y ejecutar políticas publicas, coordinar a organismos públicos y agentes privados  y resolver problemas y conflictos  con el objetivo central de desarrollar un sistema logístico de clase mundial.

La Subcomisión decidió no pronunciarse por una institución especifica, pero sus miembros hicieron fuerte hincapié en que la institución debe ser del mas alto nivel (ministerio o subsecretaría ) y su función principal debe ser planificar, diseñar y gestionar políticas y acciones destinadas a lograr la meta del LPI mayor o igual a 4 para el 2030.

Para ello la institución debe tener control principal sobre los temas portuarios y logísticos. Los miembros de la comisión expresaron reiteradamente su frustración y la de sus representantes  ante las dificultades de implementar soluciones a problemas claramente identificados, pero sin un organismo a cargo de resolverlos. En este sentido, la capacidad de convocar y coordinar agencias públicas y privadas y de implementar políticas fue resaltada una y otra vez.

Otro de las principales propuestas planteadas por esta comisión fue lo siguiente: Crear instituciones regionales o zonales, según las condiciones portuarias y logísticas con capacidad de integrar, coordinar y resolver los temas locales, incluyendo las relaciones puerto-ciudad y los conflictos de acceso logístico y falta de infraestructura.

Las fallas de coordinación a nivel nacional se repiten a nivel regional o de zonas logísticas. De ahí la importancia de crear organismos o instituciones capaces de resolver los problemas que se expresan a nivel local. Entre ellos destacan la relación puerto-ciudad, el acceso a los puertos, el desarrollo de las areas de respaldo, el desarrollo de Port Community Systems (PCS), o sistemas informáticos.

Para administrar el flujo de bienes y mercancías, así como los vehículos que los transportan, que permitan coordinar en tiempo real las labores de los múltiples agentes que participan en la cadena logística dentro del área de influencia de uno o mas puertos. En este sentido, también es importante que las comunidades logísticas tengan la capacidad de desarrollar reglamentos y protocolos que establezcan las reglas operativas dentro de la cadena logística.

La gobernanza portuaria tiene que nacer como en la mayoría de los puertos modernos desde el propio territorio, desde sus ciudadanos y desde sus comunidades. Todos ellos tienen que conformar sus comunidades logísticas, estas comunidades logísticas tienen que ser financiadas vía Corfo como plantea también la comisión para que así esta comunidad logística tenga su independencia para plantear sus propias políticas sin que un integrante imponga su posición dominante al resto. El conjunto de comunidades logísticas de una macro zona conformarán el Consejo Regional Logístico (Corelog).

La eficiencia de las cadenas logísticas depende de su estructura y del desempeño de cada empresa participante, así como de la coordinación eficiente de los agentes que la conforman. En Chile existen experiencias regionales que pueden fructificar, tales como el Consejo Regional Logístico (Corelog) en la Región de Valparaíso, la Mesa Público-Privada de Comercio Exterior en la Región del Bio Bio y otras similares. Dichas experiencias refuerzan la conveniencia de promover coordinaciones locales marítimas, portuarias y logísticas, a fin de optimizar el flujo de documentos y carga física.