El buque portacontenedores Piray Guazú está operando bajo los colores de la insignia paraguaya -y no la argentina- debido a que la empresa Maruba, administradora de la nave, decidió cambiar el pabellón debido a que no puede competir con los buques del país guaraní, por lo que reclaman cambios urgentes en el sistema fiscal argentino.

La decisión de la privada generó que un grupo de sindicatos ligados a la actividad fluvial impidiera que el buque zarpara para continuar sus operaciones en la hidrovía.

La empresa argentina Maruba, dueña de barco, comunicó a sus socios que “víctima de las malas políticas, de la falta de reglamentación de la Ley de Marina Mercante y la alta presión impositiva sobre los buques de bandera argentina, más la ineficaz y alta burocracia estatal, provincial, municipal, portuaria, de las autoridades aduaneras y de policía de seguridad, el B/M Piray Guazu va navegando hacia Paraguay para proceder al cambio de bandera y luego seguir realizando el mismo tráfico comercial que hasta hoy hizo con bandera argentina”.

Según La Nación, “la ecuación no da, porque Paraguay desarrolló un plan estratégico para promocionar la logística exportadora en las últimas dos décadas que contrasta con la carga tributaria que pesa sobre la facturación del sector privado en la Argentina, y es al día de hoy la principal razón por la que firmas que operan con carga local mudan sus embarcaciones al país vecino para recibir sus beneficios”.

Desde la ITF (International Transport Federation) que representa a trabajadores del transporte a nivel mundial, explican que un buque con bandera de conveniencia (BDC) es uno que “enarbola una bandera distinta a la del país de su propietario”.

Aunque la situación está avalada por normas del comercio internacional, advierten que, para los marinos a bordo, esta relación puede generar condiciones laborales adversas, como el consecuente estrés y fatiga, mientras que los armadores, al ‘desabanderar’ su buque, pueden beneficiarse de flexibilizaciones en las contrataciones.

Julio González Insfrán, secretario general del Centro de Patrones, explicó en una conferencia de prensa, que “las empresas pueden irse a operar bajo otra bandera y mantener así su capital y su negocio, pero los trabajadores no tenemos más opción que defender nuestra fuente de trabajo y bregar para que la Argentina tenga su flota mercante de bandera”.

Junto a referentes del Sindicato de Conductores navales de la República Argentina (Siconara) y el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), el dirigente, planteó como solución, “la sanción de un nuevo régimen fiscal para la flota fluvial argentina, que cuide la inversión de las empresas locales y suprima las asimetrías con países como Paraguay”, que, según indicó, “cuenta con leyes impositivas y laborales mucho más laxas”.

En ese sentido, la Cámara de la Industria Naval Argentina (Cina) se solidarizó con los trabajadores del portacontenedor, ante la posible pérdida de puestos de trabajo y expresó, en un comunicado, que “es necesario incluir en una mesa de debate y trabajo a todos aquellos temas que afectan a nuestra actividad como las políticas tributarias y laborales o las vinculadas a las relaciones comerciales y productivas con vecinos del Mercosur. Permitir que un buque deje de pertenecer a nuestro pabellón nacional significa que cada día vamos a depender de que nuestra carga sea operada por otros intereses, bajo condiciones no propias”.

Aunque desde la empresa prefirieron no dar declaraciones, en off, referentes del sector privado aseguran que el buque retenido en Corrientes representa “la punta del iceberg”, ya que refleja la parte visible de una situación con un trasfondo que data de la década de los 90` cuando el gobierno de Carlos Menem disolvió la naviera estatal (Elma) que brindaba servicios al comercio exterior de la Argentina desde 1960.