Montecon, que opera en los muelles públicos del Puerto de Montevideo, expresó su rechazo al acuerdo recientemente alcanzado por el Gobierno de Uruguay y la empresa belga, Katoen Natie, mediante el cual dicha compañía se comprometió a dejar de lado su demanda de USD 1.500 millones contra el Estado uruguayo y a desarrollar inversiones por USD 455 millones a cambio de que se respete la legalidad vigente en materia portuaria y de una prolongación de 50 años de su concesión.
Según un texto enviado a sus trabajadores, que fue publicado por el diario uruguayo El País, Montecon indicó “de concretarse este privilegio ilegítimo hacia TCP (Terminal Cuenca del Plata), actuaremos con firmeza y procederemos, con respeto y siempre apelando al marco normativo, con todas las acciones legales que correspondan para defender nuestro derecho al trabajo y el respeto por las inversiones realizadas por los accionistas en el marco de los respectivos tratados de protección de inversiones tanto con Chile como con Canadá”.
Montecon explicó que, a su entender, “lo grave del acuerdo es que este se basa en otorgarle por decreto la prioridad de atraque de los buques porta contenedores a la terminal especializada”, algo que en caso de concretarse, “constituiría una grave e ilegítima intervención del Gobierno en el mercado, priorizando a un privado y perjudicando a otros”.
Según la empresa, la concesión a Katoen Natie no respeta la Libre Competencia declarada en la Ley de Puertos y contraviene la propia ley 17.243 del año 2000 que rigió la base de la subasta por la terminal especializada.
“Otorgarle por decreto la prioridad a la terminal especializada es asegurarle el monopolio del mercado de contenedores, con todas las consecuencias que ello podrá tener para el comercio exterior uruguayo y obviamente para nosotros como empresa que ocupa más de 700 puestos de trabajo directos”, indicó la compañía.
Montecon aseguró, además, que esto “es dramático” ya que se está “ante un riesgo cierto”. “Un riesgo que no imaginamos. Por su falta de fundamento. Por su falta de legalidad”, indicó.
“Nuestro competidor siempre ha querido quedarse con el monopolio del Puerto de Montevideo y desde hace años ha presionado a sucesivos gobiernos para nuestra desaparición. Hasta el momento ninguno ha cedido a tal propósito”, agregó la firma en el texto.
Conflicto
En 2019, Katoen Natie había acusado al Gobierno de Uruguay de favorecer al operador del Muelle Público, en este caso, a Montecon, lo que -a juicio de la compañía de Bélgica- iba en contra de la legislación portuaria vigente.
De ahí, Katoen Natie, que posee el 80% de la propiedad de Terminal Cuenca del Plata decidió demandar al Estado uruguayo que, además, es su socio al ser propietario del 20% de las acciones de TCP.
Katoen Natie, en ese sentido, reclamó violaciones del tratado de protección de inversiones entre Bégica-Luxemburgo y Uruguay y se dirigió al Gobierno de Tabaré Vázquez, expresando que el Estado uruguayo “a través de sus acciones y omisiones” le “ha causado un daño” a TCP “y a los inversores al favorecer, fomentar y tolerar la existencia de una terminal por fuera del régimen legal aplicable, gestionada por otro operador en los muelles públicos del puerto, esto es, Montecon S.A,”, recordó El País en su crónica.
