José Ignacio Palma Sotomayor fue exdirector nacional de Aduanas y es actual socio de Adexco Abogados

En días pasados, el Gobierno anunció su esperada propuesta de Pacto Fiscal, el que contempla diversos ejes que lo estructuran y que (es lo que se lee en aquella) propenden a generar un sistema tributario moderno, a priorizar el gasto, a reformar el Estado para hacerlo más eficiente y transparente, a fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, a impulsar el crecimiento de la economía y a establecer mecanismos para el seguimiento y evaluación del referido Pacto.

En materia de comercio exterior, importa el eje vinculado al impulso al crecimiento económico, que bajo el título “formalización” contempla diversas medidas. Entre ellas, vale la pena detenerse en el mayor control fronterizo al contrabando por la trascendencia que tiene en la represión de actividades delictivas, imagen país asociada a la seguridad fronteriza y mayor recaudación de tributos relacionados a operaciones de comex.

El control del contrabando en las fronteras marítimas, terrestres y aéreas del país corresponde a un objetivo o tarea esencial radicado en el Servicio Nacional de Aduanas, conforme lo preceptuado en su Ley Orgánica y en la Ordenanza de Aduanas; es decir, se trata de una tarea que define a este Servicio y determina en su esencia los planes y programas que diseña y ejecuta para evitar el ingreso o salida ilícita de mercancías a través de las fronteras del país.

La propuesta de Pacto Fiscal apunta a un mayor control del contrabando, lo que el Ejecutivo estima impulsará el crecimiento económico del país. Si bien en la información disponible en la página web del Ministerio de Hacienda no es posible encontrar datos numéricos concretos del impacto esperado con la implementación de la medida, debe asumirse que el diseño de la misma supone un retorno superior a lo que se invierta en potenciar el control del contrabando.

El punto no es menor y merece atención, puesto que un mayor control fronterizo importa necesariamente aumentar los recursos que se inyectan vía presupuesto en Servicios tales como Aduana, SAG, Ministerio Público, Ministerio del Interior y las policías, a partir de la constatación de que el contrabando merece una mirada amplia de sus implicancias y por tanto comprende a todas las entidades controladoras en frontera y a las que recaban y procesan información útil para la detección de operaciones ilícitas de ingreso o salida de mercancías, que en consecuencia alimentan o retroalimentan el proceso de análisis de los datos inherentes a una importación o exportación.

Dicho de otro modo, la intención del Ejecutivo de ejercer un mayor control fronterizo para la detección de contrabandos no podría ser satisfecha si la mirada de dicho ilícito solo se centra en Aduanas, desconociéndose el rol y labor que desarrollan otras entidades y la evidente necesidad de aunar esfuerzos, desplegar actividades coordinadas y compartir información sensible, en un proceso integrador que releve la inteligencia como el principal motor de las actividades fiscalizadoras.

Por lo mismo, más allá de la optimización siempre necesaria en el uso de los recursos de los que ya disponen las entidades con injerencia en el combate al contrabando, es evidente que existirá una correlación entre la magnitud de los recursos frescos que se alleguen a dichas entidades y los resultados esperados por el Ejecutivo a partir de la implementación de las medidas que se diseñen para materializar un mayor control del contrabando.

En simple, el retorno de la inversión del Estado, traducido en una disminución de la evasión de tributos y consecuentemente en un aumento de la recaudación de los impuestos y gravámenes que afectan una operación de comercio exterior, debe ser mayor a los nuevos recursos que se asignen a las instituciones involucradas, criterio de eficiencia en el manejo de los recursos públicos que no debiese ser ignorado.

Sin embargo, dos aspectos no pueden dejar de ser considerados al momento de evaluar cualquier medida tendiente a controlar el contrabando. El primero, relacionado con el ingreso o salida de mercancía prohibida o de ilícito comercio (drogas, por ejemplo) cuya detección no genera recaudación pero sí impactos positivos en intangibles como la imagen país y la seguridad de sus fronteras. El segundo, la preservación de la agilidad en el despacho de las mercancías, pues bien se sabe que las demoras en dicho proceso repercuten en costos, generalmente traspasados al consumidor final.

Es de esperar que cuando el Ministerio de Hacienda devele los detalles de su Pacto Fiscal se conozca la real magnitud del objetivo anunciado, en términos de asignación de recursos y resultados esperados. Con todo, la tramitación y aprobación de la Ley de Presupuestos para el año fiscal 2024 adelantará valiosa información al respecto.