El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) panameño admitió la denuncia de bien oculto por los supuestos dividendos no declarados ni pagados por Panamá Ports Company (PPC) al Estado, como resultado de su participación del 10% del capital real de la empresa.’
La denuncia, según consignó PanamáAmérica, fue presentada por Pedro Meilán, abogado y exadministrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).
Mediante resolución MEF-RES-20191239 de 18 de mayo pasado, la entidad, además de admitir la demanda, ordenó a la Dirección General de Ingresos que incorpore a la presente denuncia las declaraciones de renta de Panamá Ports Company desde el año 1997.
También se le ordena a la Autoridad Marítima de Panamá que certifique si PPC ha presentado informes anuales de sus operaciones y que remita copia autenticada de los mismos desde el inicio del contrato con el Estado hasta la fecha.
Entre los fundamentos de la denuncia figura que Panamá Ports Company, a la fecha, solo ha pagado al Estado un millón de dólares, habiendo transcurrido casi 20 años del otorgamiento de la concesión mediante el contrato Ley 5 de 1997, a pesar de haber acaparado aproximadamente el 58% del movimiento de contenedores del país.
Además indica que el casi inexistente pago de dividendos por PPC al Estado, pese a los elevados ingresos que ha obtenido en sus operaciones, sugiere una posible ocultación de ganancias y dividendos que debieron ser pagados al Estado y, por ende, esta situación crea la figura de un bien oculto conforme al artículo 80 del Código Fiscal.
De acuerdo con las reglas que seguir ante la denuncia de bienes ocultos, se practicarán dentro del término de dos meses las pruebas aducidas por el denunciante.
El ministerio consultará previamente a la Procuraduría General de la Nación para resolver si el bien denunciado es o no oculto y si la acción o acciones indicadas por el denunciante son o no procedentes.
Sin embargo, al abogado Pedro Meilán le llama la atención que el MEF no admitió la auditoría que se hizo de manera privada y que cuando se analizaron los estados financieros, arrojaron que el Estado no estaba recibiendo lo que le correspondía.
“Pienso que si me rechazan estas auditorías es porque ellos van a realizar las auditorías correspondientes”, dijo.
Melián señaló que también rechazaron los estados financieros porque no estaban traducidos.
Ahora el MEF empezará la investigación que debe durar dos meses y también trasladarán a la procuradora para que emita un concepto de si es viable o no lo que se está haciendo.
Dependiendo del fallo que se dé sobre esta investigación, Meilán acudirá a otras instancias.
“Si fallan en contra, acudiré a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte, y si es a favor, se dará la suma del bien oculto de los 725 millones de dólares de ingresos de PPC, que representan 72.5 millones para Panamá”, dijo.
Mediante la Ley 5 de 16 de enero de 1997 se aprobó el contrato entre el Estado y PPC para el desarrollo, construcción, operación, administración y dirección de las terminales portuarias de contenedores, ro-ro, de pasajeros, carga a granel y carga general en los puertos de Balboa y Cristóbal.
De acuerdo con cifras de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), el puerto de Balboa movilizó el año pasado más de 2 millones de TEU (contenedores de 20 pies), con un crecimiento de 2.6% con respecto al año anterior.
Por su parte, el puerto de Cristóbal, en el lado atlántico del país, movilizó en el año 2017 más de un millón de TEU, lo que representa un crecimiento de un 65.2%.
