El pleno del Parlamento Europeo se ha mostrado a favor de nuevas normas para una mayor transparencia en el uso de infraestructuras y servicios portuarios para evitar “abusos” de precios y distorsiones en el mercado, pero ha abogado por permitir que se mantengan los sistemas actuales si cumplen “exigencias mínimas”.

Según informa la Agencia Europa Press, los eurodiputados han fijado así la posición que defenderán en las negociaciones con los Veintiocho para la nueva norma, que parte de una propuesta de la Comisión Europea que plantea el “libre acceso” al mercado como “principio general” en el suministro de estos servicios.

Sin embargo, el informe adoptado por la Eurocámara considera que “no es apropiado” establecer un modelo único, frente a la diversidad de sistemas de organización que existe en los puertos de la Unión Europea.

Los eurodiputados españoles del Partido Popular han informado en un comunicado de que han votado en contra del texto porque consideran que defiende posiciones que dañarían los intereses españoles, además de “inmiscuirse en competencias nacionales”.

“En el caso de España, la reforma sería perjudicial porque los puertos son de dominio público y las tasas por uso no pueden ser fijadas mediante una negociación entre operadores privados”, según ha explicado antes del voto el eurodiputado Luis de Grandes.

De Grandes asegura que si prospera la norma tal y como se define en el informe, España “se vería obligada a cambiar su Constitución o la forma en la que está organizado el sistema portuario español, es decir, privatizando los puertos”.

La propuesta primera de Bruselas apunta medidas para contar con procedimientos “más transparentes y abiertos” para la designación de los operadores portuarios y establece normas contra los abusos de precios por parte de los operadores con derechos exclusivos.

La posición adoptada este martes por los eurodiputados, sin embargo, suprime la obligación de dar acceso libre al mercado de servicios como el amarre, el remolque y la carga de combustible. “Los puertos deben poder decidir cómo organizan su modelo de servicios, sobre todo por razones de seguridad”, ha argumentado el socialista alemán Knut Fleckenstein, ponente del informe.