La fiscal anticorrupción Janny Sánchez abrió una investigación preliminar en contra del expresidente de Perú Alan García por presuntas irregularidades en la concesión del Puerto de Paita.
Sánchez tomó la decisión a petición del procurador anticorrupción Amado Enco, quien denunció al exmandatario por los presuntos delitos de colusión, negociación incompatible y aprovechamiento del cargo.
La denuncia de Enco involucra a los exministros Enrique Cornejo, Verónica Zavala, Luis Carranza y Hernán Garrido Lecca, así como a los exfuncionarios de Proinversión Cayetana Aljovín, David Lemor, Patricia Alarcón y José Chueca, según informaciones de La República.
Asimismo, al exviceministro José Gonzales Quijano, el exjefe de la Empresa Nacional de Puertos Mario Arbulú y los representantes legales del Consorcio Terminales Portuarios Euroandinos Paita SA, que obtuvo la concesión, Pedro Martins da Costa y Carlos Vargas Loret de Mola.
Según la denuncia de la Procuraduría Anticorrupción, la concesión del Puerto de Paita, realizada en el 2009, estuvo plagada de irregularidades desde el diseño del proceso de adjudicación hasta la firma del contrato con Terminales Portuarios Euroandinos Paita.
Entre esas irregularidades destaca la emisión de normas y la modificación de otras que permitieron, por ejemplo, que Terminales Portuarios Euroandinos pudiera ganar siendo el único postor y obtuviera el respaldo y garantías del Estado a fin de que lograra el financiamiento que requería y que estaba obligado a poseer como licitador.
Para el procurador Enco, como jefe del Estado, Alan García tenía el dominio de los funcionarios que desempeñaban cargos de confianza, a través del control de un aparato organizado de poder que lideró encubierto en una política de Estado de una supuesta promoción de la inversión en el puerto de Paita.
Señala que el exmandatario junto a sus codenunciados habría dado instrucciones y emitido instrumentos de gestión como los decretos de urgencia para favorecer a Terminales Portuarios Euroandinos, con cuyos representantes legales habría concertado previamente, lo que habría causado un perjuicio al Estado peruano.
Cabe recordar que el ex mandatario, que ya es indagado por dádivas a la brasileña Odebrecht, también esta siendo investigado por “facilitar” la concesión de APM Terminals en el Puerto del Callao.
