Por Joaquín Torres Tagle
@PortalPortuario
Los pescadores de la ex Caleta Sudamericana se dirigieron por segunda vez a la sede de la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) para manifestar su desacuerdo a la respuesta negativa de la estatal a sus demandas.
Cabe destacar que las diferencias entre los trabajadores y la portuaria se encuentran judicializadas, lo que fue el principal argumento de EPV para desestimar abrir otras rutas con su interlocutor. Los pescadores sostienen que existe un incumplimiento por parte de la empresa del acuerdo que selló su salida del Puerto de Valparaíso de 2013, por lo que buscan una indemnización.
Sipsa
El presidente del Sindicato de trabajadores independientes de pescadores Muelle Sudamericana (SIPSA), José Urrutia, comentó que “es una pena y una verdadera vergüenza para Valparaíso, que el nuevo directorio de EPV rechace una vez más nuestro llamado a conversar. Del antiguo directorio, uno podía esperar portazos en la cara, pero de este nuevo, resulta inexplicable, porque primero, contradice el gobierno ciudadano que dice encabezar el presidente Boric; y segundo, porque a diferencia del año pasado, desde mayo de este año hay un fallo judicial que señala que si existen cuestiones pendientes entre EPV y nuestra caleta; y por lo mismo, venimos a entregarle públicamente nuestra respuesta, con la esperanza que reconsideren su decisión.”
El dirigente hizo referencia al fallo del Segundo Tribunal Ambiental, que suspendió la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto T2 y reconoció como uno de los factores de la decisión la “eventual alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos por la salida de los pescadores y relocalización de la caleta sudamericana”.
El secretario de Sipsa, David Ojeda, expuso que “todo indica que los nuevos directores de la empresa portuaria no se han leído el fallo ambiental de mayo de este año, pues de otro modo no se explica que no entiendan que precisamente se les ordenó detener el T2 por el mal trato que recibimos cuando se nos sacó apurados del puerto de Valparaíso”.
Ojeda agregó que “Es necesario que la gente entienda que la empresa portuaria, el estado de Chile y por supuesto que este Gobierno, se están riendo en nuestra cara, porque por una parte dicen que gobiernan para la gente, pero la verdad es que sólo les importa favorecer sus negocios. ¿Quién es la empresa Portuaria? El Estado de Chile; ¿Quién puso al nuevo directorio? El presidente Boric; ¿Quién nos está negando nuestros derechos entonces? El gobierno de Chile. Ya no podemos creer en este Gobierno, porque es más de lo mismo.”
El grupo movilizado denominó a su contestación como “rechazo a la negativa al diálogo”, marchando desde el muelle Prat hasta las oficinas de EPV, portando lienzos con la consigna “fue primero la caleta, luego el puerto, exigimos respeto”.
EPV
La estatal, en su respuesta formal entregada a los pescadores, había señalado que “Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), posee la mejor disposición para con sus representados. No obstante, a nuestro juicio, EPV no mantiene materias pendientes en relación a la Ex Caleta Sud
Americana”.
En su misiva, la compañía encabezada por el economista Luis Escobar indicó que “en especial consideración del tenor de su comunicación, y existiendo un procedimiento judicial iniciado por parte de Sipsa, somos de la opinión que las diferencias entre nuestros puntos de vista se dirimen de mejor manera en dicha sede, donde las partes podrán exponer sus legítimas diferencias. Finalmente, me permito recordarle que, según fuera informado de manera pública durante los últimos meses del año 2021, EPV no fue parte de los acuerdos entre SIPSA, la Subsecretaria de Pesca y el Ministerio de Economía, por lo que no nos corresponde pronunciarnos sobre los mismos”.
Contexto
El desencuentro entre ambas partes tiene su origen en 2013, cuando los pescadores fueron reubicados en la caleta El Manzano, comuna de Quintero, para dar paso al proyecto de expansión portuaria T2 en Valparaíso, iniciativa que está paralizada por el Segundo Tribunal Ambiental debido a diversos recursos judiciales. Ante ello, el sindicato pesquero solicita nuevas reparaciones debido al perjuicio económico que los afectaría al no poder desarrollar sus actividades en la ex Caleta Sudamericana.
Edgardo Hevia, director regional de Obras Portuarias, declaró en el marco del seminario después del T2 en julio de este año que “en la próxima caleta ex Sudamericana, que es un compromiso que tiene el Estado con los pescadores, y que lleva el nombre de La Joya del Pacífico, es la futura caleta que va a estar emplazada en La Roca La Baja (…) La inversión con todas las mejoras en el proyecto que hemos ido incorporando, en este minuto está en alrededor de 23.000 millones”.
En el año 2013, 234 trabajadores de los sindicatos Sipsa y Sipelanch fueron indemnizados con 6.000 millones de pesos por parte de EPV, mientras que en noviembre de 2021 la Subsecretaría de Pesca entregó fondos por 4.500 millones como resultado de la negociación después de las protestas de octubre de ese año.
