Por Andrés Orrego Siebert
@PortalPortuario
Por medio de un informe sobre concesiones portuarias, la Cámara Marítima y Portuaria de Chile (Camport) expresó la necesidad de reducir la incertidumbre y generar mayor competitividad en futuros procesos de licitación de puertos.
En el texto, de 36 páginas, el gremio apuntó la necesidad de abordar materias como los incentivos para realizar inversiones en período de la concesión, las restricciones relativas a la integración horizontal y vertical, los temas relacionados a los estudios de impacto ambiental, los criterios de reajustabilidad de tarifas, la Tasa de Uso Portuario (TUP) y el impacto del cierre de puertos.
“El proceso de modernización portuario iniciado hace 20 años nos deja una serie de aprendizajes y desafíos pendientes, que son los que recoge este informe. Debemos velar por que los procesos que vienen sean competitivos y contribuyan a incentivar la inversión, y que tengan como foco mejorar en el tiempo nuestro sistema portuario.
Cuando restamos competitividad y sumamos incertidumbre a un sector tan estratégico como el marítimo portuario, que mueve el 95% del comercio exterior de nuestro país, estamos perjudicando la logística y la cadena de abastecimiento a nivel nacional”, comentó Daniel Fernández, presidente de Camport al ser consultado por PortalPortuario.cl.
“Esto trasciende al sector propiamente tal. Los cambios que se impulsen en esta industria inciden finalmente en la vida de millones de chilenos que consumen diariamente productos que forman parte de la canasta básica y que son importados al país a través de los puertos chilenos. Esto incluye alimentos como el arroz, la harina y la carne, así como remedios e insumos médicos, entre muchos otros productos. Es el momento de impulsar mecanismos eficientes que sienten las bases del futuro sostenible del sector marítimo portuario, en beneficio del comercio exterior y del país”, añadió.
De acuerdo con esto, la Camport planteó en su informe generar condiciones de competencia buscando, entre otras cosas, encontrar un mecanismo que la salvaguarde en relación a las restricciones para la integración horizonal y vertical, así como incentivar las inversiones al cierre de la concesión.
También para dar competitividad a los procesos licitatorios, el gremio externó la necesidad de que estos deben efectuarse con los Estudios de Impacto Ambiental terminals. En este punto, de igual modo, se observó que existan criterios de reajustabilidad de tarifas “para los cambios materiales que inciden en las tarifas de los futuros concesionarios, como, por ejemplo, los costos laborales, cambios en los criterios de cálculo de la TUP, etc”.
Asimismo, de alta preocupación para la Camport son los efectos de los cierres de puerto en la actividad para lo cual solicitaron “definir criterios objetivos”, implementando “en cada puerto el instrumental necesario para una medición en línea de las variables relevantes, con capacidad de anticipación”.
Respecto de la Tasa de Uso Portuario, la Camport pidió “definir reglamentariamente un criterio justo y transparente para cobrar y asignar recursos para inversiones y bienes comunes, como lo dispone la ley, reportando en los balances anuales de las empresas portuarias estatales los ingresos e inversiones según normas IFRS”.
Asimismo, el gremio solicitó en su informe definir transparentar y racionalizar los costos totales del sistema portuaria, entre ellos el cobro por Faros y Balizas con un criterio de largo plazo y que no se entienda solo con un instrumento recaudatorio.
Por otro lado, la Cámara Marítima y Portuaria de Chile puso énfasis en la necesidad de contar con reservas de espacios para el desarrollo no solo de puertos, sino de la cadena logística para el mediano y largo plazo.
La Camport, a su vez, expuso la “necesidad de que los puertos estatales y los puertos privados de uso público se rijan por las reglas equivalentes, aunque no iguales: modificar el DFL 340 y sus reglamentos, de modo de equiparar los regímenes jurídicos, tributarios y reglamentarios de los puertos”.
De igual modo, de acuerdo al gremio portuario, el país necesita que el Estado cuente con una planificación estratégica que vincule a puertos públicos y privados, estandarizar información y permitir el libre tránsito de contenedores entre puertos nacionales “de modo que los contendores de comercio exterior puedan ser transportados por navieras extranjeras en forma ágil y eficiente dentro del territorio nacional”.
“Finalmente, para esta segunda etapa de licitación de concesiones de frentes de atraque, el Estado debe generar unas bases tipo que incorporen los criterios estructurales expuestos, en un proceso de debate público en que participen todos los actores del sistema logístico. Dentro de ese marco, cada puerto estatal podrá incorporar en forma acotada, y previa aprobación, variables de su propia realidad. La elaboración de bases tipo presenta la ventaja de someterlas al TDLC una sola vez”, concluyó la Camport en su informe.
