Hasta hace poco, la ex ministra de Bienes Nacionales del primer gobierno de Michelle Bachelet, era directora de la Empresa Portuaria de Iquique, cargo que le fue cesado por dictamen de la Contraloría General de República al hallar incompatibilidades entre esa función y su cargo de Intendenta de la Superintendencia de Seguridad Sociales, decisión a la cual  pedirá, a través del Sistema de Empresas Públicas sea reconsiderada.

El dictamen emitido el 13 de marzo señala que “esta Contraloría General ha tomado razón del documento del rubro, mediante el cual se nombra a doña Romy María Schmidt Crnosija, en el cargo afecto al Sistema de Alta Dirección Pública de Intendenta de Beneficios Sociales, de la Superintendencia de Seguridad Social, a contar del 28 de octubre de 2014”.

“Sin perjuicio de lo anterior, cabe advertir que, según los registros de esta Entidad de Control, la señora Schmidt Crnosija ejerce actualmente como directora de la Empresa Portuaria Iquique, circunstancia que le impediría desempeñar con dedicación exclusiva el aludido empleo de alto directivo público, según lo dispone el artículo sexagésimo sexto de la ley N° 19.882”, sigue el escrito.

“En este sentido, debe anotarse que la jurisprudencia de este Órgano Contralor, contenida, entre otros, en los dictámenes Nos 25.371, de 2009 y 58.660, de 2014, ha precisado que dicha exigencia implica que quienes sirven esta clase de plazas canalicen todos sus esfuerzos laborales solo al ejercicio de ese empleo, lo que además comprende la prohibición de realizar cualquier otra función, cargo o actividad remunerada, sea pública o privada”, apunta el documento.

“En consecuencia, la asunción por parte de la interesada en el citado empleo de Intendenta de Beneficios Sociales, ha provocado su cese en el cargo que desempeña en la indicada Empresa Portuaria, conforme a lo previsto en el artículo 86 de la ley N° 18.834”, finaliza el dictamen.

La ex ministra de Bienes Nacionales sostuvo al diario ciudadano Boyaldía que  “cuando postulé a través de la Alta Dirección Pública (ADP) al cargo de Intendenta de Beneficios Sociales, realicé previamente una evaluación jurídica, la cual me permitió llegar a la convicción de que no había incompatibilidad. Más adelante fue el propio Servicio Civil el que evaluó la compatibilidad de ambos cargos, con el mismo resultado. Finalmente, el Sistema de Empresas Públicas (SEP), luego de acabados estudios, coincidió con aquello”.

“El Sistema de Empresas Públicas me ha comunicado que presentarán a la brevedad una reconsideración, la cual pudiese tener como resultado inclusive que la Contraloría revirtiese su actual análisis jurídico y señalar que no hay inhabilidad”, añadió