Por Redacción PortalPortuario
El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) fijó para el miércoles 15 de abril de 2026 la audiencia en que se revisará la causa interpuesta por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) contra tres terminales portuarios de la Región de Valparaíso. La acción se origina en el cobro del denominado Security Fee aplicado entre 2019 y 2021.
El caso involucra a uno de los concesionarios del Puerto de Valparaíso, específicamente a Terminal Pacífico Sur (TPS), y a dos de la estación marítima sanantonina, particularmente a San Antonio Terminal Internacional (STI) y DP World.
La tarifa cuestionada fue catalogada por el FNE como un “abuso de posición dominante” e “injustificado”. En septiembre de 2024 se intentó resolver el conflicto mediante una audiencia de conciliación, pero esta fue declarada frustrada.
Cabe recordar que el procedimiento, iniciado en marzo de 2024 por la FNE, solicita al TDLC que sancione a los tres operadores portuarios con multas a beneficio fiscal y ordene el cese del cobro, el cual -según el organismo persecutor- generó perjuicios a importadores y exportadores, permitiendo a los terminales obtener “ganancias sobrenormales”.
En esa oportunidad, la fiscalía pidió que la multa para TPS fuera de 10.812 Unidades Tributarias Anuales (UTA), mientras que para STI se fijó en 11.047 UTA y para DP World en 5.038 UTA, además de las costas del juicio.
Abuso de posición dominante
El Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, acusó a los terminales de haber incurrido en prácticas abusivas al aplicar un cobro injustificado por concepto de seguridad en la transferencia de carga. Según explicó, la tarifa básica vulnera el artículo 3°, incisos primero y segundo letra B del DL 211.
El persecutor sostuvo que las empresas se aprovecharon de la condición “cautiva” de los usuarios y recalcó que el cobro carece de justificación, ya que las actividades de seguridad están incluidas en la tarifa básica que las navieras pagan por los servicios de traspaso de carga. A su juicio, no existen gastos adicionales ni inversiones extraordinarias que respalden su aplicación.
El fiscal apuntó que gracias a estas prácticas, TPS, STI y DP World incrementaron sus ingresos y, al concentrar gran parte de la transferencia de carga general en la Región de Valparaíso, habrían perjudicado a la mayoría de los importadores y exportadores que operan en la zona.
