Por Redacción PortalPortuario
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La Fiscalía Nacional Económica (FNE) interpuso un requerimiento contra los terminales portuarios de la Región de Valparaíso, específicamente Terminal Pacífico Sur, San Antonio Terminal Internacional y DP World San Antonio ante el Tribunal de Libre Competencia debido al cobro del llamado Security Fee, puesto en marcha por las operadoras entre 2019 y 2021.
De acuerdo al Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, las requeridas “han infringido el artículo 3° incisos primero y segundo letra b) del DL 211 al ejecutar, cada una, un abuso de posición dominante, consistente en el cobro injustificado de una tarifa básica por concepto de seguridad en la transferencia de carga, a los importadores y exportadores cuyas mercancías se movilizan a través de los terminales portuarios que operan tales empresas en la Región de Valparaíso”.
“Al ejecutar estos abusos explotativos, las Requeridas se han aprovechado del carácter cautivo que tienen los importadores y exportadores respecto del terminal portuario que las empresas navieras eligen para recalar sus naves, careciendo de la capacidad, o enfrentando serias dificultades para determinar el frente de atraque por el cual transferir su carga, producto de los relevantes costos de cambio que ello implicaría”, añadió el Fiscal económico.
Grunberg enfatizó en su presentación que “el cobro de esta tarifa a los importadores y exportadores es injustificado, considerando que son las empresas navieras las que mantienen vínculos comerciales con los terminales portuarios respecto de los servicios básicos. Además, este cobro se refiere a actividades de seguridad que ya son remuneradas a las Requeridas a través de la tarifa por los servicios básicos de transferencia de carga cobrada a las empresas navieras, sin que tampoco encuentre respaldo en gastos o inversiones extraordinarias”.
“Producto de estas conductas abusivas, TPS, STI y DPW han podido incrementar sus ingresos totales, sorteando individualmente los obstáculos que se lo impedían. Estos provienen del grado de presión competitiva que enfrentan las Requeridas por captar a las empresas navieras como clientes y el consecuente poder de negociación de estas últimas. A ello se suma que las Requeridas, al concentrar la mayor parte de la transferencia de carga general en la Región de Valparaíso, perjudicaron prácticamente a la totalidad de los importadores y exportadores cuya carga se moviliza en esta zona del país”, fundamentó.
Ante estas conductas, la FNE pidió al TDLC que multe a los tres operadores portuarios a beneficio fiscal y obligue el cese de este cobro que, a juicio del persecutor, generó un perjuicio a importadores y exportadores, lo cual les permitió a los terminales obtener “ganancias sobrenormales”.
La fiscalía pidió que la multa que se aplique a TPS sea de 10.812 Unidades Tributarias Anuales (UTA), para STI sea de 11.047 UTA y para DP World de 5.038 UTA, además de las costas del juicio.
