Por Redacción PortalPortuario.cl
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Vía digital se realizó la audiencia sobre la licitación transitoria del Terminal 2 del Puerto de Valparaíso ante el Tribunal de Libre Competencia.
En la instancia -que superó las 4 horas- se presentaron los antecedentes aportados por algunos incumbentes de la industria portuaria y otros actores relevantes como la Asociación de Exportadores de Fruta de Chile en su calidad de usuarios del sistema portuario de Valparaíso. De igual manera expuso la Fiscalía Nacional Económica.
En contexto, la estatal EPV planteó la necesidad de la licitación transitoria ante la salida anticipada del actual concesionario TCVAL, lo que se materializará en abril.
La urgencia, según EPV, guarda relación con el retraso de la ampliación portuaria, tanto en San Antonio como en Valparaíso que estaría al borde de su capacidad y, en base a proyecciones, presentaría congestión en 2022.
Para esto, Puerto Valparaíso ha propuesto seguir las reglas de competencia para carga general y eliminar la obligación de inversión al futuro concesionario que solo estaría cuatro años con posibilidad de prórroga para dar paso, al fin de ese plazo, a una nueva licitación definitiva para lo cual se solicitará un nuevo informe al TDLC.
También se indicó que, para ese momento, incluso, se podría licitar a un solo operador los dos terminales de Puerto Valparaíso, ya que -dentro de cuatro años- ese proceso tendrá que competir con el que levante San Antonio que buscará, por ese entonces, concesionarios para el Puerto de Gran Escala o Puerto Exterior.
La Asoex expresó que la licitación actual es distinta a la de 2012, razón por la cual al gremio no le parece correcto solo eliminar la condición de no invertir en infraestructura.
Además, los Asociación advirtió que las condiciones que le imponga el puerto a las navieras influyen en la actividad exportadora, pudiendo dar pie a prácticas anticompetitivas.
En ese contexto, el gremio pidió restringir la integración vertical y horizontal. Sobre esta última, la entidad frutera solicitó que se establezca una prohibición absoluta, mientras que para la primera afirmó que presenta mayor riesgo dada la concentración enre navieras y terminales, por lo que requirió una restricción del 40%.
Neltume Ports, en su calidad de controlador de Terminal Pacífico Sur, expresó -en los antecedentes enviados al Tribunal- su voluntad de participar en igualdad de condiciones dentro del proceso que, en caso de adjudicarse, ayudaría al Terminal 1 a mejorar su capacidad de transferencia dada sus limitaciones de espacio. Junto con esto podría integrar las áreas de almacenamiento de ambos terminales, a fin de fortalecer la competencia al equipararse con los actuales concesionarios del Puerto de San Antonio.
Neltume también advirtió riesgos posibles si se entrega la concesión a los operadores o personas relacionadas a los terminales de San Antonio, ya que podría generarse una concentración por parte de STI o DP World de las cargas no contenedorizadas de la Región de Valparaíso, especialmente, si el adjudicatario es la firma dubaití que se posicionaría, de esa manera, como el principal oferente de esos servicios.
La Fiscalía Nacional Económica expresó estar de acuerdo “en general” de las reglas establecidas en la licitación del T2 y concordó en la necesidad de realizar una licitación transitoria de la infraestructura del espigón de la capital regional porteña.
De acuerdo a la FNE es necesario realizar una licitación de corto plazo para la operación del Terminal N°2 bajo un sistema monooperador por los próximos 4 años, exenta de la obligación de realizar inversiones en infraestructura, siempre que se mantengan los resguardos de libre competencia establecidos por el TDLC en los Informes N°5/ 2009 y N°8/2012 y se precisen algunas materias sobre las condiciones de la licitación que deberá implementar EPV en el proceso.
La FNE indicó -además- que, tras analizar las actuales condiciones de competencia existentes en la Región de Valparaíso y las especiales características de esta concesión de transición, deberían revisarse con especial cuidado ciertas reglas de las bases de licitación con la finalidad de que los actuales niveles de servicio para los usuarios del Terminal N°2 no se vean afectados ante una eventual integración horizontal con el terminal adyacente y, al mismo tiempo, para asegurar que los potenciales oferentes de la licitación puedan tomar decisiones más informadas de cara a su participación en el proceso.
En el mismo sentido, la entidad destacó que se debe clarificar la calidad de “nuevo entrante” o “incumbente” que tendrán ciertos actores en el proceso de licitación, así como algunas garantías sobre la infraestructura disponible para la operación portuaria del nuevo concesionario del Espigón Valparaíso.
Respecto al cumplimiento de las reglas de integración vertical establecidas en el Informe N°5/2009, la FNE recomendó que se establezcan condiciones explicitas que permitan a EPV una fiscalización efectiva, para aminorar los posibles efectos negativos para la competencia asociados, atendida la corta duración de la concesión de transición consultada.
Por su parte, Agunsa -que anteriormente había pedido al Tribunal que se prohibiera la venta de bases de licitación y la participación de incumbentes- sostuvo que si alguno de esos actores se quedara con la gestión delegada del espigón aumentará su poder de mercado y control de la capacidad de transferencia, reduciéndose la “intensidad competitiva”.
De igual modo, Agencias Universales SA señaló en su presentación que si participara TPS y se adjudicara la licitación, habría mayores riesgos, ya que el operador conseguiría el control total del Puerto de Valparaíso, pudiendo verse afectada también la segunda licitación.
En ese sentido, la empresa observó que TPS podría tener mayor poder de negociación con EPV para poder modificar el contrato de concesión, mientras que si fuera un actual operador de San Antonio el ganador, este último podría captar una parte relevante de la carga total transferida en la Región.
Agunsa también pidió que se prohiba la participación del actual concesionario, TCVAL, al haber dado término anticipado al contrato.
En concreto, Agunsa mantuvo su posición respecto de evitar la participación de los incumbentes, ya que lo supondría barreras de entrada a otros posibles interesados.
Po otro lado, Agencias Universales SA solicitó levantar la restricción que impide de participar a aquellas empresas que están en juicios con EPV, tal como es su caso. Esto, porque la filial del Grupo de Empresas Navieras mantiene una disputa con la EPV tras el término del contrato de concesión del Terminal de Pasajeros del mismo puerto.
SAAM y SSA Marine, como controladores de STI, si bien no se oponen a la licitación, sí pidieron limitarla solo a cuatro años, no permitir su prorrogación y que se impida que el concesionario adjudicatario preste servicio a otros operadores dentro del Puerto de Valparaíso, salvo casos excepcionales de congestión.
Además, estas firmas pidieron reducir el índice ofertado y el Imax relativo a la carga en contenedores, eliminar la definición de Terminal Intermodal, prohibir que el concesionario pueda desarrollar este tipo de infraestructura e impedir que EPV pueda reembolsar inversiones voluntarias.
