Por Redacción PortalPortuario.cl / Agencias
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Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) dieron este luz verde al inicio de la negociación para actualizar el acuerdo de asociación firmado con Chile en 2002, que incluye un tratado de libre comercio.
El Consejo de la UE respaldó el mandato para que la Comisión Europea (CE) empiece las negociaciones con las autoridades chilenas, señaló la institución en un comunicado, en el que precisó que la primera ronda de trabajos está prevista para el 16 de noviembre, señala un reporte de Agencia EFE.
Las relaciones políticas y económicas entre la UE y Chile las rige el acuerdo de asociación, que tras su firma se empezó a aplicar de forma provisional en 2003 y, de forma plena, en 2005.
El Consejo de la UE explicó que el nuevo acuerdo que lo sustituya debe servir de marco para la cooperación política, de seguridad y sectorial, así como para las relaciones comerciales.
El principal objetivo es “profundizar en las relaciones UE-Chile”, aseguró.
Sólo en el ámbito comercial, el acuerdo en vigor ya ha permitido incrementar los intercambios de bienes y servicios entre las dos partes.
Según datos de la UE, las exportaciones chilenas de productos agrícolas y alimentarios y de servicios al territorio comunitario casi se han triplicado con el tratado, mientras que las exportaciones europeas a Chile se han doblado en la mayor parte de los sectores.
En cambio, el Consejo advirtió de que el actual acuerdo “no aborda algunas cuestiones comerciales importantes”, como provisiones específicas para las inversiones, las barreras no arancelarias, los derechos de propiedad intelectual, la protección de algunas indicaciones geográficas o el desarrollo sostenible.
“Cubriendo estos huecos, un acuerdo de asociación UE-Chile modernizado dará la posibilidad de reforzar la cooperación existente, bajar los precios para los consumidores, mejorar el acceso a los mercados y crear nuevas oportunidades de empleo y crecimiento”, señalaron los ministros.
Según el mandato aprobado para la negociación, la UE quiere “garantizar los mayores niveles de protección social, laboral y medioambiental”, así como “promover la justicia social y el desarrollo sostenible”.
