Por Emiliano Galli, Trade News

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La decisión argentina de modificar el régimen del practicaje y pilotaje y eximir de la obligatoriedad de embarcar estos profesionales en buques de hasta 140 metros de eslora (la limitación anterior llegaba a los 120 metros) fue muy bien recibida por referentes de la marina mercante paraguaya, que domina prácticamente la totalidad del tráfico de barcazas en el río Paraná.

“Fue la culminación de un largo trabajo de negociaciones, particularmente entre las Cancillerías. Fue recibida muy bien esta noticia que permite zanjar la limitación, y que obviamente contribuye a la disminución de los costos”, señaló a Trade News Juan Carlos Muñoz Menna, presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (CAFYM) del Paraguay.

El reclamo paraguayo, si bien canalizado por la vía diplomática, encontró en el interventor de la Administración General de Puertos (AGP), Gonzalo Mórtola, uno de los principales activistas. Consciente de que la carga paraguaya de transbordo representa un movimiento importante en el Puerto Buenos Aires, Mórtola fue también embajador de la causa paraguaya ante el Ministerio de Transporte.

Nacionalidad

Si bien el decreto abarca el practicaje en los puertos de Buenos Aires, La Plata y Bahía Blanca, también hace referencia a la navegación en los ríos Paraná y Uruguay. Y el río Paraná fue escenario de conflictos entre buques paraguayos y las autoridades argentinas, precisamente, porque las embarcaciones del país vecino no contaban con prácticos nacionales a bordo en su navegación.

Esta interpretación comenzó a tomar fuerza a partir de 2015, cuando el práctico argentino Gustavo Deleersnyder era director nacional de Transporte Fluvial y Marítimo.

En rigor, son 7 buques -4 portacontenedores y 3 petroleros- los que excedían los 120 metros de eslora y sobre los que Paraguay reclamó hasta llegar a la instancia diplomática primero, y la decisión ejecutiva del presidente Mauricio Macri después.

La norma argentina ampara por la vía administrativa estas embarcaciones, muchas de las cuales judicializaron su situación y quedaron eximidas de la obligatoriedad de embarcar prácticos argentinos tras obtener medidas cautelares en la justicia argentina.

Roberto Gunther, armador paraguayo de buques portacontenedores y petroleros, es uno de los empresarios que debió recurrir a la justicia cuando comenzó a operar, en 2014, buques de casi 135 metros de eslora. Otros armadores optaron por “cortarle” la proa a los buques para lograr los 120 metros y no embarcar prácticos argentinos.

Gunther reconoció que en 3 años de operaciones llegó a pagar casi US$ 3,5 millones por el servicio de practicaje argentino.

“Esta decisión beneficia tanto a la bandera paraguaya como a la argentina”, razonó el empresario tras una consulta de Trade News. “Los 140 metros de eslora conforman un nuevo parámetro para proyectar inversiones de embarcaciones modernas, versátiles y con todos los medios de seguridad, en salvaguardia de los intereses de los dos países”, amplió.

Tras celebrar la “tranquilidad” que otorga el decreto y la “muy buena relación de ambas cancillerías”, el armador paraguayo destacó que resta estudiar en profundidad los alcances del decreto en relación con los prácticos de “entrada al puerto de Buenos Aires, La Plata y ver cómo queda la actividad de los paraguayos en Exolgan”.

Tema de fondo

“Nuestra Cancillería elevó el pedido a sus pares de la Argentina porque la incorporación de los buques de más de 120 metros fue reciente, están en servicio y obedecen a la lógica comercial particular de las compañías que los compraron”, señaló Muñoz Menna.

Sin embargo, el decreto no resuelve un tema de fondo -que permanece latente en Asunción- y que se vincula al reconocimiento de los títulos de los profesionales paraguayos.

“Es un tema difícil, y sostenemos nuestra posición basándonos en el Tratado Bilateral de 1967, que es terminante en cuanto a que ambos países (la Argentina y Paraguaya) reconocen los títulos y habilitaciones del personal de cada bandera. Este tema dejó de ser una discusión técnica y pasó a una discusión política”, recordó el directivo paraguayo.

A propósito, y a partir de un conflicto con un buque paraguayo en noviembre del año pasado, se creó una comisión bilateral en Cancillería para dirimir las interpretaciones del acuerdo. Una de esas interpretaciones, por el lado argentino, tenía que ver con la “nacionalidad” del práctico embarcado. Desde Paraguay objetan que el tratado no hace referencia a tal característica.

“Estamos muy entusiasmados en que se pueda solucionar este tema y que se reconozca la capacitación que les damos a nuestros capitanes, que fue el gambito utilizado para poner trabas. Creemos que estamos lo suficientemente bien preparados para demostrarlo”, agregó Muñoz Menna.