La empresa belga Katoen Natie demandó al Estado Uruguayo por el monto de USD 1.500 millones debido a supuestos incumplimientos que la firma extranjera acusa que incurrió la Administración Nacional de Puertos.
Katoen Natie, que forma parte de una sociedad donde controla el 80% de las acciones de Terminal Cuenca del Plata (TCP) junto a la propia ANP que tiene el 20% restante, inició la acción debido a que un supuesto favorecimiento de su socio estatal a Montecon.
La empresa, según el Diario El País, remitió una carta a las actuales autoridades del Estado uruguayo, al presidente electo, Luis Lacalle Pou, a la Cancillería actual y a la electa, al embajador belga en Uruguay, y al ministro actual y designado de Transporte y Obras Públicas. Junto a esta carta se envió otra misiva, remitida el pasado 15 de octubre, en donde expresaba que de no alcanzar un acuerdo aplicaría la solución de controversias prevista en el tratado de inversiones entre Uruguay y la Unión Europea.
La empresa belga denuncia que la Administración Nacional de Puertos (ANP) le da un trato preferencial a la otra compañía privada que trabaja en el recinto, Montecon.
Según informó El País, el tribunal elegido por las partes es el Ciadi, una institución del Banco Mundial especializada en este tipo de litigios con sede en Washintong, Estados Unidos.
En el mes que se remitió la primera carta, la empresa pretendía cuatro medidas para intentar llegar a un acuerdo: que el Estado designara un representante para llegar a un acuerdo, un compromiso para trabajar de “buena fe”, una solución en menos de seis meses, que se entregasen los estudios portuarios sobre los que se justifica el trato “preferencial a Montecon” y el Estado uruguayo cesara “todas las acciones contrarias” al Derecho uruguayo e internacional.
En la carta, a la que accedió el matutino, expresa que la ANP “amenaza” a la empresa con terminar el contrato como consecuencia del descenso en el movimiento real de contenedores.
“El Estado sabe que dicho descenso se debe, precisamente, al trato preferente e ilegal que viene otorgando a la sociedad que opera irregularmente la segunda terminal del Puerto de Montevideo, Montecon S.A.”, dice el documento que fue difundido por el medio uruguayo.
