Por Redacción El Vigía.com

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La Comisión Europea presentó su informe anual sobre la economía española, en el que advierte al Gobierno de que los impuestos medioambientales se encuentran por debajo de la media de la UE, especialmente en los aplicados sobre el transporte, y considera que los impuestos especiales sobre el gasóleo y la gasolina “son relativamente bajos en España”.

Bruselas considera que las tasas verdes generan en España “escasos ingresos”, ya que representan alrededor del 1,5% del PIB en 2018, frente a una media del 1,9 % en la UE. Además, señala que los impuestos sobre el transporte representaron en 2018 el 12,7% de los ingresos totales procedentes de los impuestos medioambientales, cuando la media de la UE se sitúa aproximadamente en el 19,7%.

El documento insta al Gobierno a luchar contra las emisiones en el sector de los transportes, al considerar que es el que más gases de efecto invernadero está aumentando. Calcula, en este sentido, que los costes externos totales del transporte por carretera en España ascienden a 64.300 millones de euros anuales, lo cual corresponde al 5,18% del PIB español. “Dicha cifra refleja principalmente los costes asociados al transporte como los accidentes o los atascos, pero también el ruido, la contaminación atmosférica, los daños causados al clima y los hábitats y los costes de producción de los combustibles”, explica el informe.

La advertencia de la Comisión Europea es que, si no se adoptan nuevas medidas, España no cumplirá sus objetivos de emisiones de CO2 para 2030 por un margen de 10 puntos porcentuales en los sectores no incluidos en el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE, como el transporte, los edificios, la agricultura y los residuos. Señala, sin embargo, que si se aplicasen las medidas adicionales recogidas en el proyecto de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de 2019 –“como, por ejemplo, el fomento de un cambio modal en el transporte”, concreta el documento– la meta de 2030 se superaría en 13 puntos porcentuales.

“Avances limitados” en la inversión ferroviaria

El análisis de Bruselas insiste también en la necesidad de fomentar el transporte ferroviario de mercancías para reducir la dependencia de la carretera. En este sentido, la Comisión observa “avances limitados” en la inversión global en ferrocarril durante 2019 y reclama un mayor esfuerzo “para que puedan transportarse más mercancías por ferrocarril”. “En particular, hace falta apoyo para avanzar en las conexiones con Francia y Portugal y con los puertos y centros logísticos”, sostiene el informe.

“España cuenta con unas buenas infraestructuras de transporte, pero depende del transporte de mercancías por carretera de forma casi exclusiva”, observa Bruselas. Su previsión, en cualquier caso, es que la inversión que está desarrollando para el cumplimiento de los requisitos de la Red Transeuropea de Transporte “mejore las conexiones con los puertos y los centros logísticos, adapte las líneas ferroviarias al ancho de la UIC y apoye el cambio modal progresivo hacia el ferrocarril y el transporte marítimo de corta distancia”.

En este contexto, la Comisión considera que la finalización de los corredores atlántico y mediterráneo “facilitaría la utilización del ferrocarril para las exportaciones a Europa Central” y demanda “invertir más en el mantenimiento de las carreteras existentes y de las líneas de ferrocarril convencionales que conectan las ciudades del interior con Madrid y los corredores atlántico y mediterráneo”.

El informe reclama además al Gobierno la adopción de nuevas medidas para “apoyar y acelerar la transición hacia una movilidad limpia y sostenible”. La valoración de Bruselas es que las emisiones en España han disminuido en las últimas décadas, pero advierte que la mala calidad del aire “es motivo de preocupación en las áreas metropolitanas, especialmente en Madrid y Barcelona, en la que los problemas estacionales de calidad del aire se ven exacerbados por la congestión del tráfico”.

La propuesta de la Comisión es promover el uso de combustibles alternativos y de vehículos eléctricos para el transporte público y privado y garantizar un uso eficiente de los vehículos. En este sentido, invita al Gobierno a aplicar incentivos financieros para los vehículos de emisión cero y de baja emisión, la introducción de zonas de bajas emisiones en las ciudades y la mejora del transporte público.