Por Redacción PortalPortuario.cl/Agencia ANPanamá
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La Dirección General de Ingresos (DGI) de Panamá inició una investigación y una auditoría para determinar si la empresa Panama Ports pagó al Estado impuestos que le fueron descontados a trabajadores.
Miembros del Sindicato de Trabajadores del Puerto de Balboa (Sitravaap) que administra Panamá Ports, se reunieron con el director de la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Publico De Gracia, con el objetivo de recibir una aclaración sobre la retención del impuesto sobre la renta y otras obligaciones tributarias.
La comisión encabezada por el secretario general de Sitravaap, Héctor Zárate y el secretario de defensa, Bruno Thomas, manifestaron que luego de una serie de despidos y posterior restitución ganadas en los tribunales de trabajo, le realizaron una serie de descuentos en materia de impuestos sobre la renta, de la cual no tienen constancia que los mismos hayan ido a parar a manos del Estado, consignó la Agencia ANPanamá.
En virtud de ello, se les notificó que la DGI inició las investigaciones y hay una auditoría en proceso en donde se va a determinar la veracidad de los hechos, por lo que hay que esperar que el proceso se resuelva con la mayor claridad y transparencia posible como se da en cualquier proceso en materia tributaria.
Por su parte, el jefe Jurídico Tributario de la DGI, Rafael Brown, explicó que “este proceso empieza en la Caja de Seguro Social, quien actúa como agente retenedor de estos impuestos, quienes son los llamados aclarar en primera instancia, si las cuotas obrero patronal y los impuestos correspondientes fueron pagados por Panamá Ports a favor de los trabajadores y solo le queda a la DGI recibir las obligaciones tributarias que por ley les corresponde retener”.
En cuanto a la petición de un informe que solicitan los trabajadores referentes al proceso que se lleva a cabo en la DGI, Brown aclaró que el artículo 722 del Código Fiscal impide que se le dé esta información a un particular con respecto a la situación fiscal que solo le corresponde a la empresa y a la institución recaudadora de los tributos saberlo, lo que impide la participación de un intermediario para conocer sobre el proceso.
