Por Marcelo López

@PortalPortuario

La abogada Ximena Insunza, experta en derecho ambiental del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, y quien ha sido parte de los equipos responsables en las leyes que dieron origen a los Tribunales Ambientales y al propio Ministerio de Medio Ambiente, cuestionó la validez del EIA como herramienta para evaluar un proyecto de las características como el megapuerto de San Antonio, también conocido como “Puerto Exterior”.

Insunza expresó sus apreciaciones en el conversatorio digital “Megapuerto y Medio Ambiente: ¿es compatible con el desarrollo sustentable?”, organizado por la Fundación Cosmos y el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales (IEUT) de la PUC.

En sus intervenciones, junto con reconocer que “por supuesto que una infraestructura de megapuerto podría ser compatible con el derecho sustentable”, la profesional llamó más bien a auscultar el estado de la institucionalidad nacional en la materia.

“La pregunta a hacerse es, ¿está la institucionalidad en condiciones de proceder con una evaluación, no solo de impacto ambiental, sino en lo relacionado con licenciamiento social y los aspectos del desarrollo sustentable? La respuesta es que creo que el Sistema de Evaluación Ambiental hoy ya está tensionado”, indicó.

Para refrendarlo, Insunza mencionó el caso del proyecto minero de Cerro Colorado, de BHP, donde este miércoles la Corte Suprema acogió un reclamo contra la continuidad de la iniciativa, luego de la oposición de comunidades indígenas, retrotrayendo así la propia definición del SEA.

“Eso lleva a preguntarse si es el estudio de impacto ambiental (EIA) el instrumento idóneo para hacerse cargo de un megaproyecto como Puerto Exterior. Creo que no. Hay modificaciones que han estado durante mucho tiempo conversándose, hubo una comisión presidencial y otra comisión paralela sindical-parlamentaria. El cuestionamiento al SEA lleva muchos años. Ya hubo una modificación en el 2010 y hoy estamos en un punto crítico. Quizás con el proceso constituyente no vamos a resolverlo, pero habrá una nueva vía de reconducir preguntas como esta”, opinó la profesional.

Al respecto Insunza concordó que una buena vía de mejora estaría en la implementación de una evaluación ambiental estratégica. “Es el instrumento que se diseñó el 2010 para que efectivamente la política energética, la política de infraestructura portuaria y otras políticas, tuvieran un lugar de coordinación al interior del aparato estatal para así no presionar un instrumento que tiene como objetivo solo evaluar los impactos ambientales. Pero estamos en 2021 y no tenemos esas políticas, no tenemos un instrumento de ordenamiento territorial”.

La académica ejemplificó las contradicciones existentes en el hecho de que “en el mismo año que declaramos como Santuario de la Naturaleza el Humedal de Río Maipo, tuvimos el ingreso de este proyecto en mayo de 2020 que es la revisión solamente de las observaciones que hacen a la administración del estado en los sectores con competencia ambiental. Y vemos que hay preguntas y observaciones, como las que hace la DGA o el SAG, que llevan a decir que ‘este estudio de impacto ambiental pareciera que adolece de una serie de falencias’, tanto así que hubo una presentación de parte de muchas organizaciones para que hubiera un término anticipado del proyecto”.

Pese a que la experta señaló que “hay una serie de pronunciamientos que cuestionen su idoneidad, y con una conflictividad territorial que hace presagiar que las observaciones serán muchas”, agregó que el proyecto Puerto Exterior sí significará aportes relevantes en materia logística y de infraestructura. “No estoy en contra del proyecto de San Antonio. Hay cosas que avanzar. El tema es cómo”.

“Lo ideal sería que tuviéramos políticas públicas y leyes que nos permitieran tener protección ambiental y una implementación del principio de desarrollo sustentable mucho más robusta. Pero al no tenerla, cada actor tenemos la responsabilidad de hacer las cosas de la manera mejor posible, tanto la academia como los desarrolladores”, explayó.

Sobre si se pueden mejorar proyectos portuarios,  Insunza confirmó que sí. “El Icsara y las adendas son mecanismos que están en el procedimiento administrativo, al servicio de las mejoras. El punto está en cuan bueno es el proyecto”.

“Mientras más bueno sea el proyecto al inicio, probablemente el umbral de mejora el sistema es capaz de satisfacerlo (…) en este caso tenemos un proyecto que se instala en un territorio que tiene una serie de dimensiones de protección, que van a tensionar de nuevo el sistema, van a provocar una reclamación administrativa, luego el tribunal ambiental y luego va a terminar siendo la Corte Suprema la que defina si el proyecto se hace o no”, aseguró.

“Y eso no es novedad. Recordemos los casos de Castilla, de Dominga, de Punta Alcalde, que también tienen que ver con puertos, y que solo confirman la necesidad de tener una política de infraestructura portuaria y una legislación que haga que estos megaproyectos estén sometidos no solo a un estándar de evaluación ambiental, sino también en sus dimensiones económica y social. Solo así los proyectos van a tener viabilidad, y aceptación, sobre todo en el contexto del Chile actual post estallido y post plebiscito”, reflexionó.

La investigadora de la Universidad de Chile culminó reconociendo que hasta ahora, con un sistema que ha aprobado el 96% de los proyectos evaluados durante sus años de existencia, se ha priorizado el hacer y el ejecutar y que el megapuerto sanantonino puede ser una gran oportunidad.

“Y si bien uno valora que se quieran minimizar o soslayar los costos, lo que ha ocurrido es que se han producido de igual manera. Y este podría ser un caso en el que quizás un proyecto de esta envergadura podría tomarse un poco más de tiempo, que quizás le va a ahorrar el tiempo que le va a tomar la tramitación judicial con posterioridad”, concluyó.