Por Redacción PortalPortuario.cl

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La Confederación de Trabajadores Portuarios de Chile (Cotraporchi), ha mostrado una profunda preocupación frente al conflicto entre la Empresa Portuaria  Arica y Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B), luego que esta entidad se negará a firmar un acuerdo tarifario por 3 años y solicitará una prórroga de 6 meses del convenio que existía y que venció el pasado 4 de agosto.

Debido a lo anterior, Sergio Baeza, presidente de Cotraporchi, junto a Sandra Baltierra presidenta del sindicato Ultraport y Víctor Ramírez, secretario del sindicato TPA 1, se reunieron  con los senadores José Durana y José Miguel Insulza.

Los trabajadores, además, han presentado la problemática al Delegado Presidencial de Arica, Roberto Erpel; y los concejales, Jorge Mollo y Max Schauer, a todos se les ha requerido apoyo para lograr un acuerdo que se mantenga en el plano comercial y no tenga un alcance a nivel diplomático.

“Hasta el momento hemos tenido bastante respaldo por parte de las autoridades con las cuales nos hemos reunido. Han comprendido que nos preocupa que el tema tarifario del puerto se convierta en una negociación entre el estado chileno y boliviano como así lo ha querido siempre Bolivia. Lo que nosotros planteamos es que se deje negociar a las empresas regionales porque el tratado de 1904 con Bolivia se está respetando. Sin embargo, lo anterior no significa que tengamos que otorgar servicios gratis.

“Los trabajadores portuarios se esfuerzan a diario por cumplir, por entregar un trabajo de calidad y nosotros como dirigentes debemos garantizar sus puestos de trabajo. Por tanto, los servicios que otorgan los puertos deben pagarse porque con esas tarifas justas y con descuentos se sostiene toda la actividad. Por tanto, no hay nada que negociar ya que todo ha sido transparente y las tarifas por las cuales ellos reclaman son más que justas por el gran servicio que entregamos” afirmó, Sandra Baltierra.

“Durante los conflictos sociales que el país ha enfrentado y durante la pandemia el Puerto de Arica no ha paralizado, dándole fluidez a la carga peruana, chilena y boliviana, demostrando así el compromiso de todos los trabajadores, es por lo mismo que hoy pedimos al gobierno que este compromiso sea valorado, que tomen conciencia que una no negociación generará un impacto en nuestra región y por supuesto en las fuentes laborales de nuestros trabajadores. Seguiremos insistiendo que esto es una negociación comercial y no política” señaló, Víctor Ramírez.

El senador José Miguel Insulza comentó que  mientras “esta negociación de descuentos tarifarios, siga en manos de la Empresa Portuaria Arica y de la Administración de Servicios Portuarios Bolivia. Este es un asunto netamente comercial, donde dos empresas deben establecer un acuerdo en función de criterios como la competitividad y la calidad de los servicios que se ofrecen y por los cuales debe haber un pago, no pueden ser gratuitos. ASP-B representa sólo a la carga de importación que significa un 33% del movimiento total del Puerto. En cambio, los exportadores bolivianos, que significan un 40% del movimiento portuario, negocian directo sus tarifas sin intervención de la ASP-B y no tienen problema alguno”.

El parlamentario, además, comprometió gestiones ante la Cancillería, argumentando que “debe mantenerse el esquema de negociación tarifaria instaurado el 2019, donde pese a la resistencia de Bolivia, finalmente se firmó un acuerdo de largo plazo en función de criterios objetivos y no discriminatorios, aplicando tarifas públicas con descuentos. Los servicios en el Puerto de Arica deben pagarse y no es aceptable un congelamiento como ocurrió entre 2012 y 2018. En ese periodo, unilateralmente la ASP-B se negó a un reajuste, argumentando una inexistente vulneración al Tratado de 1904”.

Los representantes de la Confederación afirmaron que no descansarán en buscar apoyo y ya tienen agendadas reuniones para los próximos días con el Gobernador Regional Jorge Díaz, el diputado Luis Rocafull y el senador Jorge Pizarro.