Por Redacción PortalPortuario.cl
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A pesar de que la ASP-B participó de diálogos con la Empresa Portuaria Arica respecto de la actualización de sus tarifas públicas, cuya vigencia caducó el pasado 4 de agosto, y no aceptó los descuentos de 38% ofrecidos para 23 servicios dedicados a las importaciones de su país, la estatal boliviana hizo un llamado a su contraparte chilena a entablar una mesa negociación.
“Volvemos a llamar, de manera expresa, a la mesa de concertación, a la mesa de negociación, y firmemos un acuerdo por el bien de ambas entidades, tanto de Chile, como de Bolivia, pero principalmente cumpliendo el Tratado de 1904”, dijo el timonel de la ASP-B en una rueda de prensa.
Justiniano subió el tono de los reclamos y señaló que el Gobierno de Chile, EPA y su concesionaria Terminal Portuaria Arica S.A. (TPA) “tienen que entender” que no se puede perjudicar al comercio exterior boliviano imponiendo tarifas y un manual que, a su juicio, no es vinculante al Tratado de 1904. Sin embargo, cabe consignar, que este acuerdo binacional no establece gratuidad para los servicios ofrecidos por el puerto, salvo en lo que refiere a almacenamiento por un año en el caso de importaciones y de seis meses para exportaciones, además de la exención del Impuesto al Valor Agregado para cargas en tránsito.
Pese a lo anterior, Justiniano, mediante cuadros, insistió que en Arica hay un “historial de incrementos tarifarios” en los que se puede observar que en el año 2019 se estableció una imposición de 53% y el año pasado de 1,7% de aplicación al USPPI.
Justiniano aseguró que en julio de 2021, la propuesta de descuento de EPA sobre su tarifa fue de -25%, -28% hasta -38%, “lo cual implicaba no aplicar descuentos a las tarifas del acuerdo de 2019”. En ese sentido, señaló que la ASP-B planteó una rebaja de 53%, lo que fue rechazado por la chilena EPA.
El 5 de agosto, EPA comunicó a la ASP-B la aplicación de sus tarifas públicas, las cuales no fueron consensuadas e implican para el Estado boliviano un incremento de 246,15%, respecto al III acta de entendimiento.
“Este conjunto de imposiciones se vuelven a materializar, tanto el 27 de agosto, donde nos dicen: ‘bueno, si ustedes como Estado boliviano quieren firmar un acuerdo corto, no aceptamos seis meses sino solamente aceptamos un año'”, recordó.
El gerente de la ASP-B acotó, asimismo, que el 10 de septiembre, la EPA volvió a mandar a la ASP-B una carta, en la que señalan que se aplique su manual con ese incremento “unilateral y sin ninguna explicación”. Ante esta situación, Justiniano exigió que se deje al Estado boliviano hacer un análisis y estudio de costos.
“(Déjennos hacer) ese análisis de todas las circunstancias y situaciones que implican una tarifa y entre ambos lleguemos a un acuerdo y firmemos ese acuerdo sin dejar en zozobra a nuestros operadores del comercio exterior y mucho menos a la opinión pública”, sostuvo.
“Desmentir, categóricamente, lo señalado en los medios de prensa chilenos, en razón de que la ASP-B no quisiera cumplir o no pagaría los montos establecidos por los servicios prestados. La ASP-B, en el cumplimiento de la normativa vigente y en el cumplimiento de todo lo acordado, va a cumplir y honrar con todas las obligaciones, sin ningún reparo, lo importante no es desinformar ni mucho menos mentir a la opinión pública”, añadió.
