Por Redacción PortalPortuario.cl
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La Superintendencia de Transporte de Colombia abrió investigación y formuló pliego de cargos en contra de la Alcaldía municipal de Providencia y Santa Catalina Islas, por presuntamente haber definido condiciones operativas que no garantizan la seguridad, eficiencia y calidad de la prestación del servicio público portuario para el muelle de Providencia.
Asimismo, se inició una indagación al operador portuario Sai Tugs S.A.S. y a la sociedad Inversiones One Piece S.A.S., por presuntas irregularidades en el uso de una barcaza que se ancló al muelle durante cuatro meses con el aparente fin de privilegiar las operaciones de algunos usuarios en particular, en detrimento de los intereses legítimos de los demás usuarios.
Para el superintendente de Transporte, Camilo Pabón Almanza, “la Superintendencia adelantó una averiguación preliminar diligente y atenta en la recolección de pruebas, que generó una orden administrativa y ahora esta imputación de cargos. Nunca improvisamos y menos en un caso en el que la debida prestación del servicio en el muelle es indispensable para la isla de Providencia”.
Tras una pesquisa preliminar, que involucró múltiples pruebas recaudadas en visitas de inspección, recepción de declaraciones y análisis de material documental, se determinó que el muelle de Providencia aparentemente no cuenta con protocolos de funcionamiento transparentes que contribuyan a la debida prestación del servicio público portuario de manera segura, eficiente y de calidad.
En el mismo acto administrativo, la Superintendencia de Transporte abrió una investigación contra el operador portuario SAI TUGS S.A.S. y la sociedad Inversiones One Piece S.A.S. por aparentemente haber establecido un modelo operativo favorable para las investigadas frente a los demás usuarios del muelle, y con ello, se habría restringido el acceso a los demás usuarios en condiciones de igualdad, lo cual estaría generando condiciones discriminatorias en el acceso de los usuarios del muelle de Providencia, presuntamente con el beneplácito de la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina Islas.
En caso de ser encontradas responsables de infringir las normas del régimen portuario, las empresas investigadas podrían enfrentar multas hasta por el equivalente de 35 días de ingresos brutos, calculados con base en sus ingresos del mes anterior a aquel en el cual se impone la multa. A su vez, se podrá ordenar la suspensión temporal del derecho a realizar actividades en los puertos por parte del infractor.
