Katharina Jenny Arroyo es Gerenta General de FCAB
Es difícil superar el impacto y activar una estrategia de seguridad infalible tras los ataques que perpetraron al FCAB, al menos 12 miembros de un grupo criminal organizado, durante el mes de mayo.
Su intención fue más allá de sustraer la carga que transportábamos. Lo que hicieron fue dañar de forma deliberada, física y emocionalmente, a personal propio e incluso contratista. Hubo amenazas con armas de fuego, golpes y secuestros. ¿Qué duda cabe del nivel de ensañamiento y violencia?
Las personas son y serán siempre el motor de nuestra compañía, pero antes de su condición de trabajadores, son ciudadanos. Ciudadanos que mientras cumplían su deber, conducían un tren, un camión, un vehículo de escolta, o realizaban mantención a la vía férrea, fueron tan vulnerados que sintieron muy cerca la muerte.
Aun así, no daremos espacio a la impotencia. Como compañía, arraigada desde siempre a la región de Antofagasta, con un equipo humano compuesto por casi dos mil personas, nos estamos movilizando para recuperar la fuerza y el orgullo de transportar lo valioso del norte.
En este sentido, fortalecimos nuestras medidas y controles orientados a la protección del personal, la carga y los equipos tanto en el Ferrocarril de Antofagasta como en nuestra filial de transporte rodoviario Train. Estamos recabando antecedentes que aportan a las investigaciones de la Fiscalía, donde además hemos interpuesto cerca de 40 querellas por robo de cobre al tren desde el año 2019 a la fecha.
Adicionalmente, como aliados estratégicos de la cadena logística y productiva del norte de Chile, buscamos conformar una mesa de seguridad junto a las mineras, puertos y todos los actores de la industria, en el que también esperamos contar con el interés y apoyo decidido de autoridades y policías, para prevenir y coordinarnos frente a este tipo de situaciones, y evitar más víctimas de delitos violentos.
No olvidemos que las empresas existen gracias a las personas, personas que, en muchos casos como el nuestro, están altamente expuestas a través de una operación a cielo abierto en pleno desierto, a lo largo de más de 700 kilómetros de vías férreas entre Ollagüe y Mejillones.
Y los delitos no sólo los sufren las empresas. A diario las noticias nacionales y locales dan cuenta de cómo el peligro y la violencia penetran zonas urbanas, rurales, carreteras, barrios y poblaciones. No queremos vivir una situación de extrema tensión como que atraviesa La Araucanía.
La seguridad de la población civil debe ser, más que una declaración de compromiso, una prioridad para el mundo público y privado, abordada con sentido de urgencia y proactividad, y de la que emerja una estrategia robusta y oportuna.
Las transformaciones que hoy demanda la sociedad implican mayor empatía y colaboración. Por eso debemos ser parte de la solución, unirnos y actuar ya, pensando construir un mejor lugar en el que vivan las siguientes generaciones.